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¿Qué es el Pacto de Estado por el Turismo de Sumar que se vota hoy en el Congreso?

Si por algo se caracteriza la coalición Sumar y su máxima representante, Yolanda Díaz, es por ser prolífica a la hora de hacer propuestas políticas y sociales, sean o no de su competencia, que no es otra que la de ministra de Trabajo y Economía Social de España. En este caso, el socio minoritario del Gobierno planteó el pasado diciembre en el Congreso un Pacto de Estado por el turismo en el que se incluyen diferentes medidas restrictivas y que se votará este miércoles en el hemiciclo.  Así, la idea de los socios de gobierno pasa ahora por un Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible e Inclusivo 2024-2030, nombre de la iniciativa que recoge un paquete de medidas que abogan por un turismo más sostenible y respetuoso con los derechos laborales, las ciudades y la vivienda, tal y como explicó el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez.  En concreto, la intención de Sumar es que existan mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas, de las que habrá que dar cuenta a la Comisión de Industria y Turismo, así como al diálogo social y la Conferencia Sectorial de Turismo.  "Queremos impulsar este Pacto de Estado justamente ahora porque entendemos que, viendo las cifras de la recuperación del sector turístico, que, como bien sabéis, tuvo unos momentos muy complejos durante la pandemia, es el momento de tomar decisiones", explicó Ibáñez. Entre las medidas que incluye este pacto, presentado mediante una proposición no de ley y que se vota este miércoles en el Congreso destacan el incremento de los salarios en el sector, la reducción de la jornada laboral, terminar con la cultura de las horas extra y “reflexionar sobre la apertura los domingos del sector del comercio”. Veamos una por una: El empleo turístico a debate En…
La nueva ley solo permitirá que el presidente de la CNMV esté en el cargo seis años, y no podrá ser reelegido El Pleno del Congreso abordará este jueves la nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, lo que supone el último trámite parlamentario previa publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor. Previamente, el pasado 22 de febrero, el Senado ya había aprobado el proyecto de Ley de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, una norma que traspone varias directivas europeas y mejora la protección de los inversores ante instrumentos novedosos como los criptoactivos. El proyecto fue secundado por una amplía mayoría, 254 votos a favor, la totalidad de los votos emitidos. La norma, que consiste en la adaptación de la legislación española a distintas directivas europeas en el ámbito financiero, ha contado con un amplio respaldo durante su tramitación en las Cortes Generales. De hecho, tanto en el Congreso como en el Senado ha salido adelante sin ningún voto en contra. Se someterán a debate y votación las enmiendas introducidas en el Senado al texto legislativo. Se trata de una enmienda del PP y dos del PSOE. Las claves de la nueva ley El cambio que ha propuesto introducir el Partido Popular obedece a un carácter técnico que tiene la finalidad de remitir la regulación de los bienes y derechos inscribibles a su normativa específica. Por otro lado, los socialistas pretenden introducir una disposición final para reconocer que las mujeres que sufrieron una suspensión de contrato de trabajo, un periodo de inactividad o cese de actividad durante la crisis sanitaria del Covid-19, tienen derecho a la deducción por maternidad. Dicho esto, hay que analizar algunas de las claves de la nueva ley.…
El Pleno del Congreso aprueba el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, los distintos grupos políticos han sacado adelante la iniciativa en la Comisión de Asuntos Económicos Así es la nueva Ley General de Telecomunicaciones que se aprueba este jueves en el Congreso, que fija como servicio universal el acceso a Internet de banda ancha de una velocidad mínima de 10 MB, con vistas a ampliarla a 30 MB, según informa Europa Press. La norma incorpora a la legislación española el Código de las comunicaciones electrónicas de la Unión Europea de 2018 y entre sus novedades se encuentra una ampliación de funciones del 112, con posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y el uso de la ubicación de los teléfonos para determinar la geolocalización de las llamadas, y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico. Cabinas como puntos Wifi o buzón de paquetería Respecto a las cabinas telefónicas, cuya desaparición contemplaba el proyecto al llegar al Congreso, el texto contempla ahora la posibilidad de reconvertirlas o utilizarlas como puntos de conexión a Internet, teléfonos de emergencia y puntos de envía y recogida de paquetería. En este sentido, se contempla la condición de cualquier servicio simultáneo que se desarrolle, a partir del acuerdo entre los operadores con los titulares o gestores del dominio público, sea gratuito, tanto para las administraciones como para los ciudadanos. Acceso a banda ancha a10Mg por segundo, nuevo servicio universal También una reforma del servicio universal, con la introducción del acceso a Internet de banda ancha y una velocidad mínima fijada por el Congreso de 10 MB por segundo, pero con vistas a elevarlo a 30 MB "tan pronto como sea posible" en un futuro decreto, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y el desarrollo de las redes. Por otro lado,…
La nueva Ley de Telecomunicaciones da un año a estas llamadas no deseadas tras aprobar una enmienda impulsada por ERC La futura Ley General de Telecomunicaciones que tramita el Congreso reconocerá el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas a aquellas personas que hayan dado su consentimiento previo. Así consta en la enmienda, propuesta por Esquerra Republicana (ERC) y finalmente pactada con el PSOE y Unidas Podemos, aprobada este martes en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja, y recogida por Europa Press. Concretamente, la enmienda aprobada reconoce el derecho de un usuario de telecomunicaciones "a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales". Entrada en vigor en un año La propuesta da la vuelta al régimen de protección frente a estas llamadas, ya que en el proyecto de ley remitido por el Gobierno se reconocía el derecho a oponerse a este tipo de llamadas y a ser informado de este derecho. Un reconocimiento articulado a través de la llamada 'Lista Robinson', en la cual una persona puede darse de alta para evitar publicidad de empresas a las que no se haya dado consentimiento. Sin embargo, este reconocimiento legal permitirá evitar estas llamadas, sin necesidad de que una persona tenga que darse de alta en ninguna lista. Eso sí, el Congreso da un plazo de entrada en vigor de esta medida de un año a partir de la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reconociendo hasta entonces la posibilidad de ejercitar el derecho a oponerse a recibir llamadas comerciales no deseadas y a ser informado de este derecho.