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El acceso a la vivienda en España presenta una tensión desigual, dependiendo del territorio, el segmento de la demanda y la tipología del producto. Así lo indica el reciente análisis de Metrovacesa R3search, destacando que el país no opera como un mercado único, sino como un «conjunto de realidades diversas». Factores como la edad del comprador, su capacidad patrimonial y de renta, así como la zona geográfica, determinan esta fragmentación. La demanda de vivienda sigue siendo alta, superando la capacidad de producción de obra nueva. En el último año se han formado 219.666 hogares, cifra que sobrepasa las 127.830 licencias de obra nueva emitidas, generando un déficit acumulado de más de 500,000 viviendas según el Banco de España. Este déficit se concentra en regiones de dinamismo demográfico y económico, intensificando las diferencias entre quienes tienen recursos y quienes dependen del crédito. Esta situación acentúa las diferencias entre quienes acceden con recursos previos y quienes dependen íntegramente del crédito Las grandes áreas urbanas, la costa mediterránea y las islas experimentan la mayor presión, afectando principalmente a los menores de 45 años. En el interior del país, por el contrario, los mercados son más estables con precios más moderados y niveles de accesibilidad favorables. Esta disparidad territorial explica la evolución desigual de los precios y las diferentes magnitudes de los retos de acceso a la vivienda según la provincia. Pese a las tensiones, el mercado no muestra indicios de riesgos financieros excesivos. La actividad se mantiene en niveles significativos, con 1,42 compraventas por cada 100 habitantes, lejos de los picos del ciclo 2004-2008. La financiación sigue siendo prudente, con aproximadamente el 70% de las compras realizadas con hipoteca. Además, el crecimiento del crédito (+24,9%) ocurre en proporción al número de compraventas. La evolución de los precios responde principalmente a factores estructurales: creación…
La agencia de calificación DBRS Morningstar ha hecho un llamado a España sobre la necesidad urgente de aprobar un presupuesto destinado a enfrentar las crecientes presiones de gasto en vivienda, energía, defensa y envejecimiento de la población. A pesar de que las finanzas públicas del país han mostrado una mejora sostenida, no se ha introducido una ley de presupuestos nueva desde 2023. DBRS Morningstar, en un reciente comentario, resaltó que España mantiene una senda de consolidación fiscal y se dirige hacia un superávit primario. Este panorama optimista se debe en parte al robusto crecimiento económico de los últimos años y la gradual eliminación de las medidas extraordinarias tomadas durante la pandemia. A esto se suma el manejo de crises externas, como la crisis energética y las inundaciones, sumado a los desafíos derivados de operar bajo un presupuesto prorrogado de 2023. El déficit español ha convergido con la media del área del euro en torno al 3% del PIB Este logro se deriva de una economía en crecimiento, la cual se espera que, según la Comisión Europea, sea un 10,2% mayor a finales de 2025 en comparación con 2019, superando a la media del euro que se estima en un 6,1% en el mismo periodo. Este progreso ha sido impulsado por un incremento notable en los ingresos estatales: entre 2019 y 2024, el PIB nominal creció un 27%, mientras que los ingresos lo hicieron en un 47%, gracias a mayores recaudaciones del IRPF y el Impuesto de Sociedades. No obstante, DBRS subraya que la actual combinación de factores favorables no es sostenible de manera indefinida. Sin un presupuesto formal, se dificulta el abordaje de desafíos a mediano plazo, como el déficit de vivienda, que según el Banco de España, asciende a unas 700.000 unidades. Asimismo, hay otras prioridades como el refuerzo…
El Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar este jueves sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las administraciones entre 2026 y 2028. Este paso es crucial antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Sin embargo, las posibilidades de aprobación se ven comprometidas debido a la falta de apoyo de varios partidos clave, como el Partido Popular (PP), Vox, Junts, Podemos y la diputada de Compromís, Águeda Micó. El Consejo de Ministros ya ha dado su visto bueno a los objetivos de estabilidad y al límite de gasto no financiero, conocido como el ‘techo de gasto’, que alcanza los 216.177 millones de euros para 2026, un récord histórico. Este límite de gasto no se vota en el Parlamento, pero los objetivos de estabilidad sí, y estos definen la hoja de ruta en materia de deuda y déficit para entidades como la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social. A pesar de la importancia de estos objetivos, el respaldo parlamentario es escaso. El PP y Vox históricamente se han opuesto a los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno, y Junts tampoco brindará su apoyo. Podemos anunció que se abstendrá y Compromís podría votar en contra, lo que, junto con la oposición de PP, Vox y Junts, conforma una mayoría absoluta en contra de la aprobación en el Congreso. Ante tal panorama, el Ministerio de Hacienda planea someter los objetivos a votación hasta dos veces. Si son rechazados, el Gobierno aún avanzará con los Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad enviada a la Comisión Europea en 2023. Esta estrategia cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado, que ya se enfrentó a un escenario similar en 2024 cuando el Senado…
El Congreso de los Diputados afronta un desafío crucial el próximo jueves 27 de noviembre, cuando se debatirá y votará sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2026-2028. Estos objetivos son un paso esencial antes de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Sin embargo, la falta de una mayoría clara debido a la oposición de partidos como PP, Vox y Junts, pone en riesgo su aprobación. El Consejo de Ministros ya aprobó este martes el límite de gasto no financiero, o ‘techo de gasto’, para 2026, que alcanza un récord de 216.177 millones de euros. A pesar de ello, este aspecto no será sometido a votación parlamentaria, dejando solo los objetivos de estabilidad presupuestaria para el debate en el Congreso. Estos objetivos son cruciales, pues actúan como una guía en materia de deuda y déficit para diversas administraciones, incluyendo la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social. El Gobierno, en su plan presentado, prevé un déficit del 2,1% para el total de las administraciones en 2026, un objetivo que no convence a partidos de la oposición. Hasta el momento, el PP y Vox se han mantenido firmes en su rechazo hacia las propuestas de estabilidad del Gobierno a lo largo de la legislatura. Junts, por su parte, a través de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido que si la oferta es igual a la de hace un año, su voto volverá a ser negativo. Si presenta lo mismo, va a tener el mismo voto que tuvo el año pasado A pesar de los desafíos, el PSOE defiende la importancia de presentar y debatir estos objetivos en el Parlamento, considerado por la portavoz Montse Mínguez como un ejercicio valioso. El Ministerio de Hacienda establece…
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene la expectativa de presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 a comienzos o mediados del primer trimestre del próximo año, con el objetivo de que las cuentas públicas sean aprobadas en abril o mayo. Este martes se ha iniciado el proceso para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda pública, los cuales serán remitidos a las Cortes Generales. El ‘techo de gasto’, crucial para el enfoque de los nuevos presupuestos, presenta un aumento del 8,5%, lo que, según la ministra, permitirá extender derechos y consolidar partidas del Estado del Bienestar. Montero insiste en que esto es clave para atraer el interés de las formaciones políticas necesarias para su aprobación. El Gobierno ha remitido a las Cortes Generales los objetivos de déficit y deuda pública, en cumplimiento de la ley orgánica que exige su paso por el Congreso de los Diputados después de ser discutido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local. De no recibir aprobación en un primer intento, el Gobierno deberá volver al Congreso. En caso de que no se logre el visto bueno en una segunda ocasión, se establecerán los objetivos de estabilidad planteados en el plan estructural fiscal remitido a la Comisión Europea. Con estos ajustes, aunque el ‘techo de gasto’ se mantendría, las comunidades autónomas enfrentarían un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026, perdiéndose así 5.485 millones en capacidad de gasto durante todo el periodo. Montero ha reflejado optimismo al afirmar que de abrirse una «ventana de oportunidad» con el apoyo de grupos políticos que actualmente no lo brindan, se podría adelantar la presentación del proyecto de Presupuestos. «Mañana…
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha emitido una advertencia crucial: las comunidades autónomas podrían perder capacidad de gasto por un total de 5.485 millones de euros si el Congreso de los Diputados rechaza dos veces la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo. Esta situación cobra relevancia de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Ministerio de Hacienda, se planteó a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para los años 2026, 2027 y 2028. Este enfoque permitiría a las regiones un margen fiscal que sumaría los mencionados 5.485 millones. Sin embargo, la ministra Montero ha señalado que, de no aprobarse esta senda, se deberá recurrir al Congreso de nuevo. En caso de rechazarse nuevamente, prevalecerán los objetivos delineados en el plan estructural fiscal remitido a la Comisión Europea, que establece un déficit del 0%. Si no hay senda de estabilidad nueva aprobada por el Congreso, estaríamos al equilibrio presupuestario que se preveía en la ley y que se prevé en el plan estructural fiscal Esto implicaría un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros para 2026, lo que se traduce en la pérdida de 5.485 millones de capacidad de gasto para las comunidades autónomas durante todo el periodo, alterando significativamente sus presupuestos. Entregas a cuenta de un año récord Hacienda también ha comunicado a las comunidades autónomas que recibirán el próximo año un récord de 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que representa un 7% más que en 2025. Este incremento es posible gracias a la buena dinámica económica, superando la previsión previa de 156.990 millones comunicada en julio. Si se suma la previsión de liquidación de 2024, la financiación total para las comunidades alcanza…
El Gobierno ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este lunes, 17 de noviembre, para discutir junto a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas. Este diálogo es crucial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. La reunión está programada para las 12.00 horas, y posteriormente, el Consejo de Ministros aprobará el límite de gasto no financiero, conocido como el ‘techo de gasto’, además de los objetivos de estabilidad y deuda pública, que serán enviados a las Cortes Generales, según confirmó María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. En un contexto parlamentario complicado, Junts ha anunciado su intención de bloquear las iniciativas del Gobierno, comprometiendo la aprobación de los Presupuestos. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, destaca que, si se presenta la misma senda, la volverán a rechazar insistiendo en la necesidad de un reparto más equitativo entre las instituciones y comunidades autónomas. A pesar de las dificultades, el presidente Pedro Sánchez ha subrayado que continuará avanzando «con nuevos Presupuestos o sin ellos», manteniendo su «hoja de ruta» hasta el final de la legislatura en 2027. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sostiene que las comunidades autónomas no necesitan un objetivo mayor de déficit que el 0,1% planteado el año pasado y no aprobado. Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, participará en la reunión del CPFF sin derecho a voto. Además del debate sobre los objetivos de déficit, el CPFF también discutirá la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión pendiente desde hace más de una década. El Ministerio de Hacienda trabaja en una propuesta para reformar este sistema, buscando que los ingresos del IRPF, IVA y otros impuestos lleguen «a la vez» al Estado y las comunidades autónomas, eliminando…
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha alertado sobre un significativo déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y diputaciones españolas. Este déficit se produce a pesar de la nueva tasa obligatoria de gestión de residuos, vigente desde el 10 de abril, según revelan datos de la Fundación ENT recogidos por la Anihpl en un comunicado previo a su XXV Congreso Anual en Alicante. Un análisis de los presupuestos para 2025 Los presupuestos aprobados para 2025 reflejan un gasto total en residuos de 5.325 millones de euros, mientras que los ingresos por tasas de residuos alcanzan solo los 3.488 millones. Esto representa un grado de cobertura del 65,5%, lejos del deseado 100%. Según los inspectores, este déficit no es el único problema; anticipan «severos problemas presupuestarios» si prosperan las denuncias de los contribuyentes. Los inspectores subrayan desde hace tiempo que la regulación de la tasa de gestión de residuos es insuficiente e ineficiente. Este déficit regulatorio genera incertidumbre en áreas como el cálculo de la cantidad que deben abonar los contribuyentes o la aplicación del principio de pago por generación, conocido como «el que contamina paga». Critican el «desinterés e inacción» del Ministerio de Hacienda y la falta de un diálogo efectivo con las entidades locales. Por primera vez en la historia de la tributación local, se está ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no puede ser deficitaria Esto está llevando a múltiples criterios diferentes en las ordenanzas municipales que se resolverán de manera diversa en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de las directrices del Supremo. La externalización de los servicios de inspección tributaria En el Congreso de Alicante, los inspectores planean denunciar el fraude relacionado con…
El déficit público de España se reducirá notablemente en los próximos años, gracias al dinamismo de los ingresos públicos y a una contención progresiva del gasto, según cálculos de BBVA Research publicados este viernes. Las estimaciones indican una caída del déficit del 3,2% del PIB en 2024 al 2,6% este año, y hasta el 2,2% en 2026. Estas cifras son ligeramente diferentes a las del Gobierno, que proyecta que el déficit cerrará en el 2,5% para 2023 y bajará al 2,1% en 2026. Previsiones de ingresos y gastos BBVA Research anticipa un aumento de los ingresos públicos de 0,4 puntos del PIB en 2025 y de 0,1 puntos en 2026. Este crecimiento estará impulsado por la recuperación económica y con medidas fiscales implementadas a finales de 2024, como las relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones sociales. En cuanto al gasto, se espera una reducción de 0,2 puntos del PIB en 2025 y 0,4 puntos en 2026, gracias a la finalización de medidas extraordinarias asociadas a la DANA y a la moderación del crecimiento del gasto primario. El cumplimiento de las reglas fiscales permitiría situar el gasto público en torno al 44,9% del PIB en 2026 Hasta agosto de 2025, el déficit acumulado -excluyendo corporaciones locales- se situaría en el 3,1% del PIB. Descontando el gasto extraordinario de la DANA, el déficit ajustado sería del 2,5%. En el mismo periodo, los ingresos públicos crecieron un 7,4% interanual, impulsados por la recaudación de impuestos sobre renta y cotizaciones sociales. El gasto público, por su parte, aumentó un 5,3%, destacándose subvenciones, prestaciones sociales e inversión. El gasto relacionado con la DANA representó un 0,4% del PIB hasta septiembre de 2025, principalmente en el primer semestre del año. Evolución de la deuda pública En 2026, la deuda pública española podría reducirse…
El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha anunciado este martes que el préstamo para cubrir la paga extraordinaria de las pensiones de noviembre será de 10.000 millones de euros, la misma cantidad asignada en 2023. Esta decisión se debe a que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados. En una rueda de prensa ofrecida para presentar los datos de paro y afiliación de octubre, Suárez explicó que el acuerdo para este préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social fue aprobado hace aproximadamente dos semanas en el Consejo de Ministros. Según Suárez, este préstamo estaba previsto en la Ley de Presupuestos de 2023 y es coherente con la mejora de la situación financiera del sistema de pensiones. Destacó que, a pesar de la necesidad de este préstamo, la realidad es que la situación está mejorando. "Esto forma parte, digamos, de lo que ya estaba previsto en la Ley de Presupuestos del año 2023, que es perfectamente coherente con una mejora de la situación financiera de la Seguridad Social", agregó Suárez. El secretario de Estado aseguró que la ‘hucha’ de las pensiones finalizará el año con más de 14.000 millones de euros, y subrayó que las cotizaciones sociales han tenido un incremento notable del casi 7%, lo que representa 8.400 millones de euros adicionales recaudados en comparación con el año pasado. El secretario recalcó la reducción del desequilibrio del sistema, mencionando que los niveles de déficit han pasado de superar el punto y medio del PIB a reducirse a medio punto. "Veníamos de unos niveles de desequilibrio del sistema por encima del punto y medio de PIB y el año pasado esto se redujo hasta medio punto de PIB", concluyó Suárez.