El Ayuntamiento de Madrid informó este sábado de que, tras conocerse que un juez anulaba la moratoria de multas por Madrid Central aprobada en Junta de Gobierno el pasado 27 de junio y que entró en vigor el 1 de julio, las cámaras de acceso al centro de la ciudad volverán a multar este lunes.
Desde el Consistorio indicaron a Servimedia que “teniendo en cuenta que este fin de semana la zona de Madrid Central está mayoritariamente cortada por la celebración del Orgullo y, sobre todo, que el auto se comunicó el viernes después de la 15.00 horas, las sanciones comenzarán el lunes, salvo que posteriormente el juez, en sus resoluciones, imponga alguna retroactividad”.
De este modo, el Ayuntamiento dará cumplimiento inmediato a las órdenes impuestas por el juzgado número 24 de la capital en lo referente a las medidas cautelarísimas de suspender la moratoria de multas.
DENUNCIA DE ECOLOGISTAS
Ecologistas en Acción y Greenpeace presentaron este viernes por la mañana un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de suspender el sistema de multas de Madrid Central y, por tanto, permitir el acceso libre al centro de todo tipo de vehículos.
Para ambas organizaciones, la decisión del nuevo Ejecutivo de la capital suponía la "suspensión de facto" de Madrid Central, lo que, recordaban, "puede acarrear una importantísima sanción europea", al reactivarse el procedimiento de infracción paralizado tras la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones.
El acuerdo de la Junta de Gobierno se apoyó en un artículo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, el 247, que "en ningún caso da soporte a esta medida de moratoria de multas". Al contrario, rezaba el recurso, se trata de "un mero subterfugio o excusa” para suspender de facto Madrid Central.
Aunque el alcalde anunció que no revertirá Madrid Central, la decisión de permitir el tráfico libre en el centro los próximos meses supone, para ambas entidades, "un perjuicio para la salud pública, más aún en época de altas temperaturas y escasas precipitaciones". En este sentido, apuntaron que "en los pocos meses de funcionamiento ha conseguido reducciones históricas de los niveles de contaminación".
Además, temen que la moratoria se dilate mucho más en el tiempo de lo que en principio se aprobó, hasta el 30 de septiembre. Así lo hace sospechar "la contradicción en la que incurrieron los responsables municipales en la reunión con la Plataforma en Defensa de Madrid Central de ayer", ya que el alcalde y la vicealcaldesa se comprometieron a que el 1 de octubre se reinstaurarían las sanciones, con un Madrid Central reformado, pero el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, también presente en la reunión, declaró con posterioridad que eso "no era ningún compromiso", según explicó este viernes a las puertas del juzgado contencioso-administrativo el coordinador de Ecologistas en Acción y portavoz de la plataforma de Defensa de Madrid Central, Paco Segura.
DECISIÓN DEL JUEZ
Apenas unas horas después de que ambas organizaciones acudiesen a los tribunales, el juzgado de instrucción número 24 de Madrid admitía el recurso contencioso administrativo presentado, lo que dejaba sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado jueves 27 de junio que aprobaba la entrada en vigor de la moratoria de multas en Madrid Central a partir del 1 de julio.
La respuesta del juzgado se produjo pasadas las 17.00 horas y dicho escrito apuntaba que se accedía a las medidas cautelarísimas de la suspensión de las multas. Por tanto, desde las organizaciones indicaron que “Madrid Central seguía en vigor tal y como lo estaba el 30 de junio".
Tras conocerse la decisión del magistrado, el Consistorio madrileño anunció que recurrirá el auto del juzgado de Instrucción número 24 de Madrid que paralizaba cautelarmente la moratoria en la imposición de multas en esa área de la ciudad que aprobó el Consistorio, como consecuencia de uno de los recursos planteados contra la decisión del gobierno municipal.
El Ayuntamiento informó que lo recurrirá porque considera “adecuada y ajustada a derecho” la moratoria de multas que estableció en Madrid Central, en base al artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad, “al haberse producido modificaciones derivadas de los errores en el sistema automático de detección de matrículas”.
En este sentido, añadía que, “como no podría ser de otra forma”, acatará cualquier decisión judicial al respecto e informaba durante el viernes recibió dos autos, en respuesta a dos recursos distintos, denegando medidas cautelarísimas. “Se recuerda, no obstante, que este tipo de autos no entran a valorar jurídicamente el fondo del asunto y que la actual moratoria es exactamente igual que la ya establecida por el equipo de gobierno anterior desde el 30 de noviembre de 2018 hasta el pasado 16 de marzo”.
En cualquier caso, anunció que la postura del equipo de Gobierno sobre Madrid Central sigue siendo la misma “y por ello continuará durante estos meses las reuniones con los afectados para plantear un modelo alternativo más eficaz para mejorar la calidad del aire”.
CELEBRACIÓN DE LOS ECOLOGISTAS
Tras conocerse la suspensión cautelar de la moratoria, desde Ecologistas en Acción, su portavoz Francisco Segura, se congratuló en rueda de prensa de que “de nuevo esté en vigor Madrid Central, por lo que “estamos encantados con la decisión del juez y con este resultado”. En este sentido, valoró que el juez “ha dado importancia a la salud de la gente”, por lo que “es una fantástica noticia”.
Por su parte, Adrián Fernández, de Greenpeace, comentó que la decisión del juez “demuestra que la Justicia está de parte de los más vulnerables”. Por ello, “no procede que un Ayuntamiento acabe con una medida efectiva”. “Madrid Central funciona y el juez ha dicho que siga funcionando”.
A este respecto, Fernández valoró que el juez confirma con esta decisión “lo que nos trasmitieron José Luis Martínez-Almeida (alcalde) y Begoña Villacís (vicealcaldesa) en la reunión que mantuvimos, que querían modificar Madrid Central, pero no sabían cómo”. “No saben qué va a pasar con Madrid Central a partir del 1 de octubre”.
Por su parte, el abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, indicó que “frente a un interés que defiende el uso del vehículo debe primar la precaución medioambiental y sanitaria”.
