“La senda del gigantesco Estado clientelar en el que estamos inmersos es la senda del empobrecimiento nacional”
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (la AlReF) ha calificado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 como “deficiente” por su escasa transparencia informativa. Es decir, que, desde un punto de vista formal, no tienen un pase. Pero no es mi objetivo concentrarme en las apariencias, sino en el fondo de la cuestión, en el contenido de las cuentas del Reino para 2023. En este sentido, los Presupuestos adolecen de dos problemas: por un lado, la sobredosis del gasto público; por otro, la fagocitación de ese gigantesco gasto público por los pensionistas.
En cuanto al primer problema, el Gobierno de PSOE-Podemos siempre ha hecho gala de querer disparar el tamaño del Estado en nuestro país. Y, para ello, ha sabido aprovechar la pandemia. Para hacer frente a la misma, se requirió de un gasto público extraordinario (por ejemplo, en materia sanitaria o de mantenimiento de ingresos para todas aquellas personas a las que se impidió trabajar), y no ha tenido más que reconvertir lo extraordinario en ordinario. Es decir, mantener un Estado hipertrofiado como en la pandemia... pero fuera de la pandemia.
Y 2023 no será una excepción a esta dinámica: el tamaño del Estado continúa incrementándose, máxime en año electoral y a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) -y también el Banco de España- esté reclamando que la política fiscal reme en la misma dirección que la política monetaria para contrarrestar las tensiones inflacionistas. No hay, ni habrá, con este Gobierno ninguna contención del gasto, lo que significa que, a lo máximo que podemos aspirar para cuadrar las cuentas, es a fuertes subidas de impuestos (como las que ya está impulsando este mismo Ejecutivo).
En cuanto al segundo problema, la hipertrofia presupuestaria tiene un propósito prácticamente único: a saber, incrementar el volumen de recursos públicos que es capturado por los pensionistas. Más del 40% de todos los fondos que maneja la Administración Central ya se transfieren a los pensionistas, y, este mismo año, la partida de pensiones aumentará en casi 20.000 millones de euros como consecuencia, sobre todo, de la indexación del conjunto de las pensiones al IPC.
Comparen tal cifra, 20.000 millones de euros de gasto adicional que a partir de ahora queda consolidado año tras año, con la recaudación prevista merced al impuesto a las grandes fortunas –unos 1.500 millones de euros– o con el incremento del gasto público en becas –menos de 400 millones de euros–. En consecuencia, cuando se nos dice que éstos son los Presupuestos más sociales de la historia, en realidad lo único que se nos está diciendo es que son los Presupuestos que más recursos transfieren a los pensionistas: poco más.
Y esto, tengámoslo claro, no sólo es un problema que se agravará con el paso del tiempo –conforme vaya aumentando el número de pensionistas a lo largo de las próximas décadas–, sino que socavará todavía más las bases de nuestro crecimiento económico potencial. Los pensionistas –precisamente porque están jubilados– consumen riqueza, pero no la producen. En cambio, quienes sí la producen son los trabajadores en activo, a los que directa o indirectamente se les va a saquear con impuestos en una medida incluso mayor a la actual.
El resultado es que los incentivos para trabajar, ahorrar o invertir van siendo minados por la gigantesca carga fiscal necesaria para financiar un gasto público expansivo que, en contrapartida, ni siquiera contribuye marginalmente a potenciar la creación de riqueza. No es gasto público que vaya dirigido en su mayor parte a sufragar infraestructuras o la formación de masas expansivas de trabajadores jóvenes, sino a financiar el consumo de los pensionistas.
La senda del gigantesco Estado clientelar en la que estamos inmersos por puro dogmatismo ideológico y espurios intereses electorales es la senda del empobrecimiento nacional. Y estos Presupuestos reafirman esa senda: son, por tanto, antisociales.
