El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha tomado medidas decisivas al proponer una multa de 3,6 millones de euros contra la empresa Alquiler Seguro. Esta decisión se origina tras un expediente sancionador iniciado en marzo por presuntas prácticas abusivas en la gestión del alquiler, sospechas que involucran a inquilinos en todo el país.
La revelación del nombre de la agencia, inicialmente desconocido, fue realizada por la asociación de consumidores Facua, que alegó irregularidades cometidas por Alquiler Seguro. Según Facua, la inmobiliaria obligaba a los inquilinos a pagar honorarios en contra de la ley de vivienda vigente, motivo por el cual presentó una denuncia en noviembre de 2023.
El expediente desarrollado por Consumo detalla varias irregularidades en los contratos de arrendamiento de la empresa. Estos incluyen la imposición de un servicio de atención al inquilino que enmascara gastos adicionales, la obligación de contratar un seguro del hogar y la realización de un estudio de solvencia. Además, la normativa mencionada también limita el derecho de desistimiento del contrato y carga a los inquilinos con los gastos de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
Actualmente, la propuesta de sanción espera el análisis detallado del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. Tras la fase de revisión de alegaciones, se anticipa una resolución definitiva en los próximos meses.
La resolución comunicada a Facua detalla las irregularidades detectadas y desestima las alegaciones de la agencia en contra de la sanción inicial de marzo
Este proceso refleja el compromiso de las autoridades para proteger los derechos de los inquilinos y asegurar una gestión justa y transparente por parte de las empresas inmobiliarias en España.
