Los perceptores de la prestación por desempleo en España no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF. Esta medida ha sido confirmada mediante un Real Decreto-ley ‘ómnibus’ publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el documento, la exigencia de declarar «excede la intención de la norma», lo que justifica la eliminación de esta obligación para quienes reciben la prestación por desempleo.
El mes de marzo pasado, el Gobierno ya había tomado la decisión de no obligar a estos perceptores a declarar el IRPF correspondiente al año 2024, aplazando esta imposición hasta 2026. Sin embargo, según el BOE, este aplazamiento resultaba insuficiente, ya que mantener la obligación generaba un aumento significativo en las cargas administrativas tanto para los beneficiarios como para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Se estima que más de 2,5 millones de contribuyentes se verían afectados por esta obligación, con el 75% de ellos obteniendo rentas por desempleo inferiores a 5.400 euros. Esto implica que muchos tendrían que autoliquidar e ingresar una cuota tributaria innecesaria según las normas tributarias vigentes.
El Gobierno considera que la eliminación de la obligación de presentar la declaración es necesaria y debe realizarse de forma inmediata
Además, la compulsión de presentar la declaración podría llevar a la pérdida del derecho a aplicar el mínimo por descendiente, lo que refuerza la decisión de suprimir la obligación. El objetivo inicial de la norma era ofrecer una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones, pero su impacto actual trasciende ese propósito.
Así, el Gobierno concluye que la supresión de esta obligación es imprescindible para evitar consecuencias innecesarias sobre millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo en el país, garantizando una gestión más eficiente del sistema tributario y de seguridad social.
