Las organizaciones ecologistas y agroganaderas viven una situación marcada por una «tensa calma chicha» en torno a la gestión del lobo en España, caracterizada por un «limbo o laberinto legal». Esta percepción refleja el desacuerdo persistente entre ONG, ganaderos, Comunidades Autónomas (CCAA) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
A la espera de la presentación del informe sexenal de la especie a Bruselas, España se enfrenta a recursos en los tribunales respecto a los planes de gestión del lobo en las autonomías. Según Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, «no hay grandes novedades». La protección del lobo ha sido un tema de controversia desde que en 2021 fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Lejos de una solución consensuada, el conflicto se intensificó con la aprobación de la controvertida Ley de Desperdicio Alimentario en 2025, que disminuyó de facto la protección de esta especie. Las normativas europeas prohíben realizar «controles letales» si el lobo está en una situación desfavorable.
La gran discusión con los representantes autonómicos viene por cómo juzgar que la especie es viable
El Ministerio defiende un censo que contabiliza 333 manadas, argumentando que está lejos de las 500 necesarias para que la especie sea viable. Por su parte, las CCAA, especialmente las «loberas», insisten en que el lobo está más que recuperado en sus territorios.
Varias CCAA han intentado implementar sus propios ‘planes de gestión’, pero estos han sido recurrentemente cuestionados en tribunales. Ecologistas en Acción ha impugnado decisiones en regiones como Cantabria, Asturias y La Rioja, enfatizando que judicialmente, los mismos argumentos legales son aceptados en algunos lugares y rechazados en otros.
El portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki, ha confirmado que el Gobierno español no ha enviado los informes sexenales relativos al Artículo 17 de la Directiva Hábitats
El futuro del lobo en España sigue siendo incierto, mientras ecologistas y ganaderos aguardan una decisión de los tribunales, el envío del informe sexenal y una posible reevaluación de los fondos vinculados a la Estrategia Nacional del Lobo. El coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Silva, expresó su escepticismo sobre la asignación de estos fondos, mientras que Geri González, gerente de ASAJA Asturias, incide en la necesidad de verificar la veracidad de los datos que se envíen a Bruselas.
