El próximo jueves 26 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados llevará a cabo una votación crucial sobre la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes presentados por el Gobierno. Estos decretos, que ya están en vigor desde su aprobación inicial por el Consejo de Ministros, abarcan temas tan diversos como las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, la revalorización de las pensiones, y el establecimiento de un límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.
Uno de los puntos destacados es el decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, que ofrece compensaciones económicas que van desde los 2.404 hasta los 84.141 euros, dependiendo de la gravedad de los daños sufridos. Este decreto busca proporcionar un respaldo económico inmediato a las personas afectadas por estos trágicos incidentes.
Paralelamente, el decreto que establece límites de precios para productos y servicios en situaciones de emergencia busca proteger a los consumidores de posibles abusos. En caso de declaración de emergencia por parte del Gobierno, se fijará un precio máximo que no podrá exceder el registrado en los treinta días previos al inicio de la situación de emergencia.
El Parlamento decide ahora qué camino adoptar con los decretos que afectan a millones de ciudadanos.
En relación al escudo social, destaca la decisión del Ejecutivo de dividir su decreto original en dos textos. Esta división se produjo tras el rechazo del Congreso a un único texto legislativo que planteaba tanto la prórroga de la prohibición de desahucios para personas vulnerables como la revalorización de las pensiones.
Pese al intento del Gobierno de introducir enmiendas, como la sugerida por el PNV que exceptúa a propietarios con una sola vivienda, partidos como PP, Vox y Junts continúan manifestando su oposición a la moratoria antidesahucios. Sus argumentaciones se centran, entre otros puntos, en la disconformidad con la prohibición de cortes de suministros básicos, aunque apoyan la revalorización de las pensiones. Este desacuerdo llevó al proceso de desgajamiento, permitiendo que cada medida sea votada de manera independiente.
Los próximos días serán clave para determinar el rumbo de estas medidas legislativas.
Este proceso legislativo será determinante para miles de ciudadanos afectados por dichas normativas. La expectación gira en torno a las decisiones que surjan del Congreso al respecto de estos decretos que, sin duda, impactan fuertemente en sectores vulnerables de la población.
