El Tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos ha autorizado nuevas medidas de ejecución e incautación de activos contra el Reino de España, a pedido de los acreedores relacionados con los laudos sobre el recorte a las energías renovables. La corte ha ampliado las autorizaciones de embargo en 41 millones de euros adicionales, dentro del Caso InfraRed, uno de los arbitrajes internacionales surgidos del recorte de primas a las renovables.
En una resolución emitida el pasado 12 de mayo, el tribunal ha permitido el inicio de procedimientos de ejecución forzosa y el registro de la sentencia en otros distritos federales de EE.UU. para identificar activos españoles que puedan ser embargados. Este expediente está vinculado al arbitraje promovido por InfraRed Environmental Infrastructure, representada por Blasket Renewable Investments.
El tribunal arbitral del Ciadi determinó que España incumplió con el Tratado de la Carta de la Energía, otorgando inicialmente una compensación de 28,2 millones de euros.
No obstante, la extensión del litigio ha incrementado la suma reconocida por la justicia estadounidense a 47,6 millones de dólares (aproximadamente 41 millones de euros), debido a los intereses acumulados y los costos judiciales. En su dictamen, el juez ha desestimado la solicitud de España de suspender las medidas de ejecución, argumentando que tal acción podría comprometer la capacidad de los acreedores para recuperar sus fondos, especialmente considerando la existencia de múltiples laudos pendientes y un número limitado de activos embargables en suelo estadounidense.
Además, la corte ha permitido registrar la sentencia en jurisdicciones fuera de Washington D.C., al considerar que España podría poseer activos en otras áreas de Estados Unidos. También ha confirmado que la búsqueda de activos y la obtención de información financiera sobre las propiedades españolas en EE.UU. pueden continuar. Entre las acciones ya emprendidas se encuentran requerimientos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la selección española de fútbol y el Mundial de 2026.
Fuentes de los acreedores subrayaron que el juez ha recordado que España no ha tomado medidas efectivas para pagar el laudo, agregando que, si bien el Gobierno alega que la normativa comunitaria complica estos pagos, no ha demostrado haber solicitado autorización formal a la Comisión Europea ni haber empleado otros mecanismos para cumplir con la sentencia.
