Junts ha registrado una reforma legislativa en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que la Administración General del Estado financie, de manera obligatoria, un servicio gratuito de asesoramiento para pymes enfocado en la creación de entornos inclusivos. Esta iniciativa surge como una enmienda a una proposición de ley del PSOE, destinada a impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante la cuota de reserva de empleo en las empresas.
La formación de Miriam Nogueras, Junts, argumenta que su enmienda busca facilitar el cumplimiento por parte de las pymes sin transferir la carga a las comunidades autónomas, sino asegurando su financiamiento a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta disposición adicional a la proposición de ley pretende fijar en los presupuestos dicho servicio de asesoramiento gratuito para pymes.
El partido propone que la cantidad dedicada a cada territorio se asignará con criterios objetivos que tengan en cuenta la población y el número de empresas obligadas por la cuota de reserva
Junts destaca que el servicio debe abordar áreas como la atracción y selección inclusiva, ajustes razonables, accesibilidad digital y la utilización de medidas de apoyo disponibles, gestionadas a nivel autonómico por los servicios de empleo competentes en cada región.
Asimismo, Junts ha presentado otra enmienda para implementar una cláusula de activación, la cual se activaría si, pasados seis meses desde la entrada en vigor de la ley, no se aprueba una dotación presupuestaria suficiente para el servicio de apoyo técnico a pymes. En tal caso, las empresas con 50 o más trabajadores estarían obligadas a diseñar, aplicar y mantener un plan anual de formación en inclusión laboral y ajustes razonables, dirigido principalmente al personal de Recursos Humanos y selección.
Este plan deberá incluir aspectos esenciales como la contratación y selección inclusivas, procedimientos de ajustes razonables, provisión de ayudas técnicas, accesibilidad digital en portales y documentación, así como la prevención de la discriminación por discapacidad y el fomento de un trato adecuado.
