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CEOE y Cepyme, preocupados por decreto de vivienda debido a «presión política» del Gobierno

CEOE y Cepyme critican el nuevo Real Decreto-Ley de vivienda, advirtiendo de su injerencia en el mercado y potenciales efectos negativos.

CEOE y Cepyme, preocupados por decreto de vivienda debido a «presión política» del Gobierno
Por Redacción Capital

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han manifestado su profunda preocupación ante la reciente aprobación de un Real Decreto-Ley relacionado con medidas de vivienda por parte del Gobierno. Según un comunicado emitido este viernes, las organizaciones empresariales aseguran que estas medidas son el resultado de una «presión política incomprensible» de una facción del Ejecutivo.

El anuncio gubernamental sobre el paquete de medidas aprobado durante un Consejo de Ministros Extraordinario busca abordar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio. A pesar de estar a la espera del texto final, la CEOE ha expresado su rechazo a las medidas que imponen nuevas restricciones en el mercado de alquiler. Desde su perspectiva, dichas acciones suponen una «injerencia injustificada» que afecta al derecho de propiedad privada, generando una «preocupante» inseguridad jurídica.

Este tipo de intervenciones desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos

Las entidades empresariales advierten que las intervenciones incluidas en este paquete extraordinario, vinculadas a la crisis energética y económica derivada del conflicto, podrían tener efectos adversos en el mercado. Prevén que lejos de paliar los problemas actuales, podrían empeorar la situación de acceso a la vivienda.

Una vez que el texto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, la CEOE y Cepyme planean analizar exhaustivamente el alcance de las medidas y sus implicaciones económicas y jurídicas. En alineación con esto, las organizaciones recalcan la importancia de implementar políticas públicas que refuercen la seguridad jurídica y se centren en los objetivos críticos de la situación de emergencia, evitando enfoques que catalogan como «intervencionistas e ideológicos» que, en su opinión, ya han mostrado su «ineficacia».

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