Alquiler Seguro ha decidido llevar ante la justicia la multa de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, decisión que trasladará al ámbito contencioso-administrativo. La inmobiliaria considera esta sanción injusta y arbitraria y sostiene que sus servicios son legales, apoyándose en cuatro sentencias previas que, según afirman, avalan su postura.
El Ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, confirmó este miércoles la sanción tras desestimar el recurso de alzada presentado por la empresa. Consumo acusa a Alquiler Seguro de llevar a cabo prácticas abusivas al aprovechar su posición dominante sobre los inquilinos, incumpliendo los derechos del consumidor. La multa se considera en firme, al haber finalizado el proceso administrativo.
El Ministerio de Consumo impone a Alquiler Seguro una cuantiosa multa por prácticas consideradas abusivas y vulnerar los derechos de sus inquilinos.
La resolución subraya que la empresa incurrió en una infracción grave y seis muy graves. Entre las prácticas sancionadas se encuentran la obligación impuesta a los inquilinos de contratar servicios de gestión inmobiliaria y formalización de contrato, así como seguros de hogar que favorecen a la parte arrendadora. Además, se les ha multado por incluir en los contratos cláusulas que permiten la inclusión del arrendatario en ficheros de morosos bajo condiciones desfavorables y por no respetar el derecho de desistimiento del servicio al inquilino.
La Ley de Vivienda prohíbe el traslado a los inquilinos de gastos asociados a la gestión inmobiliaria y formalización de contratos, y estipula que este tipo de cláusulas pueden ser infracciones graves y muy graves, lo que el Ministerio avala en este caso.
La multa de 3,6 millones de euros se desglosa en sanciones que incluyen importes de un millón de euros por una infracción muy grave y 990.900 euros por otra. Además, se imponen tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última de 10.001 euros por la infracción grave. Más allá de las sanciones económicas, se obliga a la compañía a corregir las prácticas detectadas y a divulgar públicamente la multa y los detalles del expediente.
El expediente contra Alquiler Seguro inició en marzo de 2025, y fue complementado por otro proceso similar aún en investigación. Este se basa en denuncias de la Dirección General de Consumo y organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, que alertaron sobre estas prácticas.
