La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio de la 'operación Kitchen', caso en el que se investiga el presunto operativo parapolicial dirigido por el Ministerio del Interior bajo el gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo habría sido sustraer información delicada al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Durante la jornada, comenzarán las primeras declaraciones, que incluyen al exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y a varios altos mandos y agentes de la Policía.
Cosidó, quien lideró la Policía Nacional entre 2012 y 2016, prestará su testimonio el martes en la sede de la Audiencia Nacional, al igual que Enrique Barón, exresponsable de la Comisaría General de Información, y Mariano Hervás, antiguo subdirector de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Se espera la declaración de más de una decena de agentes entre lunes y miércoles, y el jueves será el turno para el director de la prisión de Soto del Real, junto con su predecesor, dos notarios, dos periodistas, entre otros.
Durante la primera semana del juicio, las defensas de los acusados, como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, solicitaron la suspensión del juicio alegando deficiencias en el proceso de instrucción. También pidieron la anulación de pruebas clave, como los audios incautados al comisario jubilado José Manuel Villarejo, que fueron fundamentales en la apertura de la investigación.
Por su parte, el Partido Socialista, que actúa como acusación popular, solicitó la suspensión del juicio y la imputación de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su esposo, Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos. Sin embargo, el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios desestimó estas peticiones, aunque sí admitió la declaración de Javier Pérez Dolset, empresario vinculado al 'caso Leire Díez', quien proporcionó audios que Villarejo grabó y deberá explicar su procedencia.
El juicio, que contará con cerca de 150 testigos, se prevé que se extienda hasta el 30 de junio, con sesiones alternando entre las sedes de la Audiencia Nacional en Madrid y San Fernando de Henares.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 15 años de cárcel para varios acusados, incluyendo al exministro Fernández Díaz, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y violación de la intimidad. También demanda la misma pena para Martínez, Pino y Andrés Gómez Gordo, mientras que para Villarejo pide 19 años de prisión. Además, se solicitan 12 años y cinco meses para Ríos y la anulación de su nombramiento como funcionario policial. En cuanto a Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos, se piden dos años y medio. Aunque se acusa también a José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez y el comisario José Luis Olivera, la Fiscalía ha pedido archivar sus casos por falta de indicios suficientes.
