La Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico (Fevitur) está considerando emprender acciones legales tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el Registro Único de Arrendamientos de corta duración. Esta medida podría suponer una reclamación patrimonial de hasta 160 millones de euros, según han informado fuentes de la patronal.
El fallo del Alto Tribunal, que afecta directamente al sector de viviendas turísticas, señala que el Estado no tenía competencia para crear el registro estatal en los términos establecidos. Según Fevitur, esto ha provocado un sistema de doble control sobre propiedades ya reguladas por registros autonómicos, lo que ha generado pérdidas de reservas, gastos adicionales e inseguridad operativa. La asociación estima que el perjuicio económico total para el sector puede superar los 160 millones de euros, con un coste medio por propietario afectado de unos 33.000 euros.
La sentencia del Tribunal Supremo abre un nuevo panorama para el sector de alquiler de corta duración en España
Silvia Blasco, presidenta de Fevitur y de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (Apturcv), ha destacado que la resolución afecta a miles de familias y empresas que operaban bajo la normativa autonómica vigente. Blasco ha enfatizado que el problema no reside en la regulación del alquiler turístico ni en el cumplimiento de las normativas europeas, sino en la creación de un marco estatal que ha demostrado ser "jurídicamente frágil", creando obstáculos para acceder al mercado.
Fevitur sostiene que la normativa europea perseguía una mejora en la cooperación administrativa y la calidad de los datos, mientras que el enfoque estatal creó un sistema de registro que actuaba como un filtro para la venta en línea de estancias turísticas. La federación continúa recopilando información y documentación para evaluar los daños sufridos por los operadores, con miras a poder presentar reclamaciones formales contra el Estado.
La patronal considera que el escenario actual, tras la decisión judicial, exige una redefinición de los mecanismos de coordinación administrativa en el ámbito del alquiler de corta duración.
