La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas debatirá este jueves una propuesta del Partido Popular (PP) que busca prohibir la participación de organizaciones gubernamentales, como la empresa pública Ineco, en las evaluaciones técnicas de licitaciones asociadas al Plan de Recuperación. Esta propuesta surge tras la detección de dos denuncias en Adif por posibles irregularidades en las puntuaciones de informes de valoración en contratos.
El Tribunal de Cuentas ha señalado la falta de rigor en las investigaciones de Adif sobre denuncias de alteraciones irregulares en licitaciones.
El PP ha presentado esta iniciativa en una resolución sobre el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo a los procedimientos de gestión y control de Adif y Adif-Alta Velocidad para la ejecución del Plan de Recuperación hasta diciembre de 2024. El informe critica la falta de rigurosidad en la investigación de dos denuncias donde Ineco habría estado implicada en la manipulación de valoraciones.
En julio de 2022, una denuncia surgida en Ineco apuntaba que un empleado de Adif podría haber indicado a dos trabajadores de Ineco que alteraran sus valoraciones sobre ofertas técnicas en tres licitaciones vinculadas a fondos europeos. En septiembre, otra denuncia indicó una posible falsificación de puntuaciones en Adif. Aunque Adif concluyó que no se habían violado las normas, el Tribunal de Cuentas reprochó la falta de rigurosidad en la investigación.
La propuesta del PP también busca instaurar verificaciones anuales para detectar amenazas a la imparcialidad en evaluaciones técnicas, incluyendo compromisos futuros en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses. Se recomienda un plan específico contra la colusión en ofertas y auditorías externas para contratos superiores a un millón de euros.
Entre otras medidas, el PP sugiere reformar las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses para que sean específicas por expediente de contratación. Por su parte, el PSOE presentará propuestas para que Adif y Adif-Alta Velocidad concreten más las acciones de prevención de conflictos de interés y amplíen la información sobre compromisos de pago a proveedores.
Vox, por su lado, pedirá al Gobierno que implemente acciones para prevenir y gestionar posibles conflictos de interés y desarrolle un plan de acción para reducir el riesgo de prácticas colusorias. La formación Sumar ha propuesto que Adif actualice su autoevaluación de riesgos sobre fraude para alcanzar un nivel de riesgo objetivo aceptable.
