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Juicio en el Supremo: mascarillas, currículum de expareja y ‘chistorras’ no eran dinero

El juicio por amaños en la compra de material sanitario destaca testimonios sobre pagos en efectivo y relaciones conflictivas.

Juicio en el Supremo: mascarillas, currículum de expareja y ‘chistorras’ no eran dinero
Por Redacción Capital

La segunda semana del juicio en el Tribunal Supremo por presuntos amaños en la compra de material sanitario ha centrado la atención en los testimonios de diversos implicados. Patricia Uriz, expareja de Koldo García, negó reconocer mensajes que utilizaban términos como 'chistorras' para referirse a billetes de 500 euros. Además, declaró que durante el tiempo en el Ministerio, llegó a recibir hasta 200 mensajes diarios en su teléfono, lo que considera fuera de su estilo habitual de comunicación.

El juicio, que investiga la presunta implicación del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama, ha contado con más de 70 testigos convocados. Uriz aclaró también que tanto ella como García gestionaban ciertos gastos personales de Ábalos debido a su tensa relación con su expareja.

Uriz expresó que los pagos desde la sede socialista se realizaban siempre en efectivo, mientras que en el Ministerio a veces se pagaba por transferencia.

En una sesión posterior, Jesús Manuel Gómez, exsubsecretario de Estado de Transportes, reveló que durante la gestión de Ábalos se impuso la compra de ocho millones de mascarillas, en lugar de los cuatro previstos inicialmente, debido a las exigencias de Soluciones de Gestión, una empresa relacionada con Aldama. Según Gómez, la decisión fue respaldada por Ábalos, quien formalizó una nueva orden para duplicar la cantidad de mascarillas a adquirir.

En un tercer testimonio, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, admitió haber remitido el currículum de Jéssica Rodríguez a Ineco sin exigir su contratación. Subrayó que al descubrir la relación personal entre Rodríguez y Ábalos, advirtió un claro conflicto de interés, lo que la llevó a terminar el contrato de Rodríguez, enfatizando que ella no tenía autoridad en Ineco para influir en las contrataciones.

Pardo de Vera destacó que se trató de una decisión basada en la ética profesional, asegurando al exministro que la relación contractual de Rodríguez no sería renovada, postura que Ábalos respaldó.

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