La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha revelado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, incluirá una cláusula antifraude para prevenir irregularidades en la asignación de viviendas de protección oficial. Esta medida surge tras el escándalo de las VPO en Alicante, actualmente bajo investigación judicial.
Rodríguez ha afirmado que ninguna promoción financiada con fondos públicos se aprobará sin asegurar registros conformes a criterios de transparencia objetivos y fácilmente verificables por la ciudadanía. La cláusula busca evitar repetir incidentes como el de Alicante, donde presuntamente dirigentes del Partido Popular se apropiaron de VPO a través de registros privados.
El nuevo plan estatal contempla medidas para garantizar la transparencia y evitar el fraude en la adjudicación de viviendas de protección oficial.
Dentro de las nuevas disposiciones se estipula la creación de un registro público de demandantes de vivienda, la implementación de canales de adjudicación y la realización de sorteos ante notario. Estas condiciones deberán cumplirse para optar a parte de los 7.000 millones de euros destinados por el plan. Además, la Administración supervisará el cumplimiento de estos criterios como parte de un sistema de rendición de cuentas necesario para acceder a la financiación pública.
Rodríguez ha criticado que el caso de las VPO en Alicante es consecuencia de decisiones políticas del Gobierno del expresidente Carlos Mazón, que han llevado a situaciones como las largas filas para acceder a viviendas protegidas. El plan, con un presupuesto tres veces mayor al anterior, destinará el 40% a incrementar la oferta de vivienda protegida, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda existente y el 30% restante a ayudas como la emancipación juvenil y la reducción de la tasa de esfuerzo financiero.
En cuanto a la prórroga de los alquileres, Rodríguez ha mostrado su apoyo a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, quien lidera las negociaciones. Ha reconocido las dificultades para obtener apoyos parlamentarios, especialmente de Junts, y considerado necesario recomponer alianzas para avanzar en medidas como la ley de alquileres de temporada.
La ministra ha destacado la importancia de continuar peleando por la estabilidad de quienes viven en alquiler en España, confiando en que los tribunales prioricen la prevalencia del derecho a la vivienda y su función social. Rodríguez ha concluido que, independientemente del desenlace en la Cámara Baja, la lucha por garantizar esta estabilidad continuará.
