La Fundación Hay Derecho ha publicado un informe que evalúa el desempeño de los consejeros en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El estudio concluye que estos consejeros no logran aprobar en términos de mérito, capacidad e independencia. Este análisis, considerado pionero, subraya las debilidades estructurales en el modelo de nombramientos de estas empresas, las cuales poseen una importante relevancia estratégica.
El informe se realiza mediante una metodología propia, basada en criterios objetivos y estándares internacionales de la OCDE, evaluando aspectos como la formación, experiencia en gobierno corporativo, gestión, conocimiento sectorial e independencia política de los consejeros. Según el documento, persiste una falta de competencia, experiencia y formación en las designaciones, señalando también la ausencia de procedimientos abiertos, transparentes y competitivos.
El estudio destaca que la calidad de los órganos de gobierno es crucial para prevenir conflictos de interés y garantizar una gestión adecuada.
Los investigadores destacan la coexistencia de perfiles técnicamente cualificados con otros de trayectoria predominantemente política, lo que puede indicar que factores ajenos al mérito y la capacidad influyen en los nombramientos. Germán J. Arenas, investigador principal del informe, subraya esta tendencia, indicando la presencia de perfiles marcadamente políticos que se intercalan frecuentemente entre roles gubernamentales y consejos de administración.
El documento examina empresas de gran relevancia, como Redeia, Indra, Telefónica o Talgo, que lidian con infraestructuras críticas en sectores clave como la energía y las telecomunicaciones. Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, resalta la importancia de la gobernanza en estas compañías, explicando que es un aspecto que afecta a toda la población.
En particular, se ha citado a Redeia, el operador del sistema eléctrico español, como un caso destacado. Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación y directora de la investigación, justifica la necesidad de este análisis detallado, especialmente tras episodios críticos como el gran apagón. La atención se centra en el perfil de los responsables y consejeros de estas empresas, señalando que sus decisiones impactan directamente en el interés general.
Más allá de casos concretos, el informe identifica un problema sistémico en la selección de consejeros, donde conviven perfiles técnicos con aquellos de carácter político-administrativo. Arenas insiste en que, si el Estado decide obtener participación en una empresa, debe actuar como un propietario profesional, activo, transparente y responsable, comenzando por seleccionar rigurosamente a los miembros del consejo de administración.
El documento concluye con una serie de propuestas para mejorar la calidad institucional en estos procesos, como exigir formación adecuada para los consejeros, establecer criterios públicos de idoneidad, promover procesos de selección transparentes, reducir la influencia política en los nombramientos y fortalecer la rendición de cuentas e información pública.
