Las principales asociaciones empresariales relacionadas con la cogeneración y la valorización energética de residuos han presentado una propuesta conjunta al Congreso de los Diputados. El objetivo es reincorporar a la nueva tramitación legislativa una disposición que permita prorrogar la actividad de instalaciones industriales que están próximas a agotar su vida útil regulatoria. Así, estas instalaciones podrían seguir operando hasta completar inversiones y participar en las próximas subastas que el Gobierno convocará en junio.
En un comunicado, las entidades Acogen, Cogen España, ADAP, ANEO y Aeversu han solicitado que esta medida se incluya en la proposición de ley que modifica la normativa del mercado de derechos de emisión de CO2. En este sentido, recordaron que el año pasado contó con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, antes de que el texto fuese retirado por el gobierno. La iniciativa busca evitar cierres irreversibles ante el concurso inminente de 1.200 megavatios (MW) de cogeneración, previsto para los próximos tres años, con más de 200 industrias participando y una movilización de inversiones estimada en 1.800 millones de euros.
El sector considera esencial esta medida para garantizar la continuidad de más de 100 industrias de sectores estratégicos en España.
La cogeneración se encuentra vinculada a más de 600 industrias intensivas en energía, como la alimentación, química, papel, cerámica, automóvil o refino. Estas industrias representan cerca del 20% del PIB industrial y proporcionan aproximadamente 200.000 empleos directos. Asimismo, la propuesta afecta significativamente a las plantas de tratamiento de purines del sector porcino, instalaciones relacionadas con el olivar gestionando subproductos del 40% de la producción nacional de aceite de oliva, y plantas de valorización energética que manejan residuos de más de 400 municipios en Galicia y el País Vasco.
El director general de Acogen, Javier Rodríguez, destacó que el Congreso tiene ahora la oportunidad de recuperar una medida que había generado un amplio consenso político e industrial, contribuyendo al mantenimiento e impulso del tejido productivo. Las asociaciones subrayan que la medida tendría un carácter transitorio hasta 2031, permitiendo alinear la continuidad operativa de las instalaciones con el desarrollo del nuevo ciclo inversor de modernización tecnológica y descarbonización que el sector prevé implementar.
