Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han convocado una concentración el próximo 21 de mayo frente al Ministerio de Hacienda y una huelga el 25 de mayo. El objetivo de estas acciones es exigir al Gobierno el cumplimiento de la reclasificación profesional de los técnicos medios y superiores sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.
Begoña Ballell, secretaria de Salud de UGT SP federal, declaró este miércoles en rueda de prensa que si no se logra la implementación de esta medida, continuarán realizando más acciones. Esta reclasificación fue recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, que establece la aplicación del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). El acuerdo contempla la integración de los técnicos medios sanitarios en el subgrupo C1 y de los técnicos superiores en el grupo B, según la titulación exigida para sus funciones.
El cumplimiento del acuerdo está condicionado a la transferencia económica pendiente por parte del Ministerio de Hacienda.
Humberto Muñoz, secretario general de FSS-CCOO, señaló que el acuerdo, que fijaba como plazo máximo finales de 2023 para su implementación, ya ha sido pactado con los ministerios de Sanidad y de Transformación Digital y Función Pública. No obstante, está a la espera de la financiación necesaria, la cual los sindicatos calculan en torno a 460 millones de euros. Consideran esta cifra irrisoria en comparación con los 32.000 millones de euros que el Gobierno ha gestionado recientemente en fondos europeos.
La reclasificación afectaría aproximadamente a 100.000 profesionales en toda España, incluyendo técnicos de laboratorio, de anatomía patológica y de radiodiagnóstico, así como técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), entre otras categorías. Además de las movilizaciones, CCOO y UGT prevén solicitar una reunión con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para abordar el alcance del acuerdo y las cuestiones pendientes.
Ballell ha resaltado que la reclasificación lleva más de dos décadas pendiente y ha criticado el continuo traspaso de responsabilidad entre diferentes ministerios. "La situación es insostenible", concluyó. Los sindicatos insisten en que solo falta un paso para cumplir el acuerdo, tras obtener ya el visto bueno de los ministerios pertinentes.
