El Gobierno ha reiterado su confianza en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una semana después de su imputación en relación con el caso 'Plus Ultra'. Las investigaciones en curso abordan posibles delitos de tráfico de influencia y organización criminal, según detalles del sumario recientemente publicado. Desde Moncloa, el Ejecutivo ha instado a dejar trabajar a la justicia, subrayando que las críticas de algunos socios políticos están relacionadas con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de 2027.
En una rueda de prensa, Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, expresó su plena confianza en Zapatero, a quien conoce desde hace 26 años. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, abogó por la colaboración y el respeto hacia el proceso judicial, insistiendo en la presunción de inocencia del expresidente.
Saiz rechazó la posibilidad de un adelanto electoral, a pesar de los comentarios del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que apuntan a la conveniencia de celebrar elecciones este año. "Este Gobierno trabaja diariamente para alcanzar acuerdos", aseguró la portavoz.
Es previsible que el presidente Pedro Sánchez defienda nuevamente la inocencia de Zapatero ante los medios, ante la falta de pruebas que demuestren su culpabilidad
El contexto político ha llevado a interpretaciones sobre las posturas de algunos socios del Gobierno. Según Saiz, es "normal" que las fuerzas políticas ajusten sus estrategias ante las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027. El presidente del PNV, Aitor Esteban, aseguró que es "irresponsable" prolongar la legislatura más allá de 2026 sin un rumbo claro, destacando que ya son "nueve casos abiertos" relacionados con el Ejecutivo.
Por otro lado, el caso del préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra sigue en el foco de la controversia. Saiz defendió el procedimiento como impecable, transparente y riguroso, alineándose con las normativas y validado por instituciones como la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE. En este contexto, el Gobierno mantiene su posición sobre la legalidad de los rescates durante la pandemia, con la afirmación de que "no hay arbitrariedad ni discrecionalidad" en la adjudicación de estas ayudas.
