El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha manifestado la necesidad de limitar el uso de pisos turísticos y otros usos no residenciales en las zonas tensionadas del país. Esta petición surge tras la publicación del Informe Anual 2025 del Banco de España, que revela que cerca de 900.000 viviendas en 2025 pertenecen a turistas y extranjeros. Estas propiedades, aunque representan solo el 3,3% del total de viviendas en España, generan un impacto significativo al concentrarse en áreas específicas.
Según el informe, el déficit residencial se centra en provincias como Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Estas regiones también tienen alta presencia de propietarios no residentes. En lugares como Alicante y Málaga, las viviendas turísticas pueden llegar a representar hasta el 14% del total, lo que agrava el problema de acceso a la vivienda local.
El Ministerio considera que el impacto de la actividad turística y los usos no residenciales afecta directamente al acceso a la vivienda, por lo que insta a priorizar el uso residencial
En respuesta, Vivienda ha instado a las administraciones a cerrar los 111.000 pisos turísticos ilegales identificados a través de la Ventanilla Única Digital. Asimismo, hace un llamamiento al uso de fondos y programas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta con 7.000 millones de euros, para fomentar el uso residencial de larga duración.
El Ministerio destaca las ayudas para la adquisición de estas viviendas, permitiendo a las comunidades autónomas ejercer su derecho a tanteo y retracto. La financiación cubrirá hasta el 70% del costo de adquisición, y podrá llegar al 85% si la propiedad está en una zona tensionada. Estas viviendas se destinarán al alquiler asequible.
También se contemplan ayudas de hasta 50.400 euros para particulares que cedan sus viviendas a las comunidades autónomas por siete años. Durante este tiempo, las viviendas se alquilarán por un máximo de 600 euros mensuales, con posibilidad de rehabilitación para asegurar el estado del inmueble. La gestión del alquiler correrá a cargo de la comunidad autónoma, que se encargará de transferir las rentas a los propietarios y devolver las viviendas en excelentes condiciones al término del contrato.
