Durante mucho tiempo, las grandes infraestructuras fueron patrimonio casi exclusivo de los Estados. Autopistas, aeropuertos, puertos o redes eléctricas eran considerados activos estratégicos cuya construcción y gestión recaía principalmente en el sector público. Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha producido un cambio de tendencia. Ahora, los grandes fondos de inversión se han convertido en algunos de los principales propietarios y gestores de estas infraestructuras en todo el mundo.
El atractivo es fácil de entender. A diferencia de otros activos financieros, las infraestructuras generan ingresos relativamente estables durante largos periodos de tiempo. Una autopista de peaje, una red de distribución eléctrica o un aeropuerto suelen operar bajo concesiones de varias décadas y cuentan con flujos de caja constantes. En contextos de incertidumbre económica, estos activos ofrecen estabilidad y rentabilidad, algo que aprecian especialmente las aseguradoras y grandes inversores institucionales.
Según el informe Global Infrastructure Hub —una iniciativa impulsada por el G20—, el planeta necesitará invertir decenas de miles de millones de euros en infraestructuras antes de 2040 para satisfacer las necesidades de transporte, energía, agua y telecomunicaciones. Esa enorme demanda de capital ha abierto la puerta a una importante participación del sector privado.
El sector privado entra en escena
Entre los actores más destacados figura Macquarie Asset Management, considerado uno de los pioneros de la inversión en infraestructuras. La gestora australiana administra activos en sectores como aeropuertos, carreteras, energías renovables, redes eléctricas y tratamiento de agua en distintos continentes. Su modelo ha servido de referencia para buena parte de la industria.
Otro protagonista es Brookfield Asset Management, el grupo canadiense que ha construido una de las mayores plataformas de inversión en infraestructuras del mundo. Su cartera incluye redes de transporte de energía, puertos, ferrocarriles, centros de datos, telecomunicaciones y activos de generación eléctrica repartidos por América, Europa, Asia y Oceanía.
También Blackstone, generalmente asociada al capital riesgo y al sector inmobiliario, ha incrementado de forma significativa su inversión en infraestructuras. En los últimos años ha creado canales específicos para invertir en sectores como la energía, el transporte, las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales, respondiendo a la demanda de este tipo de activos por parte de sus clientes institucionales.
Por su parte, IFM Investors, propiedad de fondos de pensiones australianos, ha construido una importante cartera internacional de activos de larga duración. La firma participa en aeropuertos, autopistas, redes energéticas y otras infraestructuras consideradas esenciales para el funcionamiento de la economía.
Una descomunal inversión en infraestructuras
La transición energética está acelerando todavía más este proceso. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que serán necesarias enormes inversiones de capital para ampliar redes eléctricas, desarrollar infraestructuras de recarga para coches eléctricos y construir nuevas plantas de energías renovables. Todo ello requiere enormes cantidades de dinero que, en muchos casos, los presupuestos públicos no pueden asumir por sí solos.
A esta tendencia se suma el crecimiento de las infraestructuras digitales. Centros de datos, redes de fibra óptica y torres de telecomunicaciones se han convertido en una nueva categoría de activos estratégicos. La expansión de la inteligencia artificial, la nube y las redes 5G está impulsando inversiones multimillonarias en este ámbito, atrayendo también a grandes fondos especializados.
Organismos como la OCDE o el Banco Mundial reconocen que la inversión privada puede acelerar la modernización de infraestructuras, pero subrayan la importancia de mantener marcos regulatorios sólidos que garanticen la competencia, la calidad del servicio y la protección del interés público. Al tratarse de activos esenciales, las decisiones sobre tarifas, mantenimiento o ampliaciones tienen un impacto directo sobre ciudadanos y empresas. Además, el interés por este tipo de inversiones ha intensificado la competencia entre fondos, elevando el valor de muchos de esos activos. Operaciones de adquisición de aeropuertos, puertos o redes energéticas movilizan hoy miles de millones de euros y cuentan con la participación de algunos de los mayores inversores institucionales del mundo.
