El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Integridad Pública, una iniciativa que busca endurecer las condenas a empresas por corrupción y aumentar el control sobre los partidos políticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha anunciado en su balance del curso político, destacando que con esta ley se avanza en "prácticamente la totalidad" de las medidas previstas en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
Una de las novedades de este proyecto es la creación de una nueva agencia independiente destinada a la integridad pública, que dispondrá de "mayores funciones" que sus predecesoras. Sánchez ha expresado su esperanza de que el proyecto comience pronto su andadura parlamentaria en el Congreso y ha apelado al sentido de responsabilidad y diálogo de los grupos políticos para su aprobación.
La propuesta de ley contempla la creación de una agencia independiente con capacidad para investigar, corregir y sancionar la corrupción
Por su parte, Sumar, socio minoritario en el Gobierno, ha subrayado su papel crucial en el desarrollo de la normativa. Según fuentes de la agrupación, las aportaciones de Sumar han sido fundamentales para dotar a la nueva agencia de capacidad real contra la corrupción, y no limitarla a un papel "testimonial". Un ejemplo destacado es que la dirección de esta agencia requerirá la ratificación del Congreso por una mayoría de tres quintos.
Además, Sumar ha logrado incluir en el proyecto las auditorías ciudadanas como mecanismo de transparencia y control, así como mejorar la trazabilidad de los gastos de los partidos. Para ello, todos los pagos de 1.000 euros o más deberán realizarse desde cuentas de la formación política correspondiente.
A pesar de estos avances, Sumar avisa de que todavía existen áreas que requieren atención. Insisten en que las empresas involucradas en corrupción grave deben quedar excluidas de contratos y subvenciones mientras se investigan los hechos y demandan un control más riguroso sobre las donaciones a fundaciones políticas.
