La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha emitido un decreto con el objetivo de ofrecer pautas de actuación a los fiscales en el contexto de la protección de menores extranjeros no acompañados ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria en España. Este documento estipula medidas para asegurar su bienestar, y plantea acciones en caso de que las comunidades autónomas se muestren reticentes a acoger a estos menores.
La Fiscalía ha destacado que estas directrices se dirigen a los fiscales delegados de menores, tanto en las zonas de origen como de destino de estos menores, especialmente en aquellos territorios afectados por la reubicación. El propósito es garantizar una recepción adecuada y el bienestar de estos menores, según la nota de prensa.
La fiscal general actuará si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes
El decreto surge en medio de las reservadas manifestaciones de algunas comunidades autónomas, dirigidas por el Partido Popular y Vox, respecto a la acogida de menores migrantes, tras la llegada de más de 70.000 personas desde Marruecos a Ceuta. No obstante, la situación específica de Ceuta no se menciona directamente en el documento.
Según indica el Ministerio Público, las secciones de menores en los destinos deben tomar medidas adecuadas para que, en caso de traslado de menores provenientes de comunidades en situación de contingencia migratoria, el órgano autonómico pertinente garantice una urgente y adecuada acogida.
El decreto especifica que si las comunidades receptoras rechazan o ponen condiciones a la recepción de los menores, el fiscal del lugar de origen debe informar al fiscal del destino. Este debe asumir la responsabilidad de coordinar las diligencias necesarias y exigir a la entidad competente que designe el recurso más apropiado para proteger a los menores de manera efectiva.
El fiscal del lugar de destino deberá comunicar tanto a la Sección de Menores como al organismo competente de su comunidad con suficiente antelación antes del traslado, para así asegurar la supervisión adecuada de la protección de estos menores migrantes.
