La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha mostrado su preocupación por la reciente propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica, señalando que esta podría provocar un fuerte trasvase de recursos desde la Administración Central, lo que potencialmente situaría al Estado en una condición precaria. El análisis efectuado por Ángel de la Fuente, director de Fedea, destaca que este borrador, enviado a las comunidades hace unas semanas, favorece particularmente a Cataluña mediante diferentes mecanismos de nivelación.
El economista critica que el nuevo diseño del plan incrementa los problemas de riesgo moral de las autonomías y no toma en cuenta la responsabilidad fiscal. Según el informe, aunque el Gobierno busca simplificar el modelo, introduce mecanismos con una lógica más que discutible, primando a Cataluña. Pese a ello, el borrador afronta oposición de la mayoría de las comunidades, incluyendo regiones gobernadas por socialistas, y solo parece contar con el apoyo de Cataluña y Canarias para su aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el próximo 4 de septiembre.
Fedea advierte que la propuesta del Gobierno para la reforma autonómica podría fortalecer el status quo del sistema y deteriorar las finanzas estatales
Un aspecto crítico es el Fondo de Statu Quo, que según el Gobierno sería una compensación indefinida ajustada con el Índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE). De la Fuente califica esto como un vicio que aporta al sistema una inercia excesiva. Además, el informe señala un desajuste en las ponderaciones de gasto propuestas frente a la realidad de los presupuestos autonómicos, subrayando discrepancias significativas en áreas como Sanidad, Educación y servicios generales.
La propuesta gubernamental, prevista para entrar en vigor en 2027, permitiría que las comunidades reciban 20.975 millones de euros adicionales respecto al sistema actual, alcanzando una financiación total de aproximadamente 224.500 millones. Sin embargo, Fedea critica el enfoque de incrementar la capacidad tributaria para financiar competencias singulares mediante tramos adicionales de IVA de hasta el 90%. En contraposición, la fundación sugiere revivir el concepto de un IVA colegiado, donde las comunidades compartan colectivamente el costo político de las subidas impositivas necesarias para abordar gastos crecientes, como los asociados al envejecimiento.
