La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha emitido una evaluación crítica sobre la propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica. Según el análisis realizado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, la reforma implicaría un fuerte trasvase de recursos desde la administración central, lo que podría dejar al Estado en una postura precaria. Además, se ha señalado que los mecanismos de nivelación incluidos en el proyecto beneficiarían especialmente a Cataluña.
El informe de Fedea destaca que el plan del Gobierno podría intensificar los problemas de riesgo moral en las autonomías, ya que no se aborda la responsabilidad fiscal adecuadamente. A pesar del objetivo del Gobierno de simplificar el modelo, De la Fuente critica la introducción de mecanismos de nivelación con una lógica que considera más que discutible. La aprobación de esta reforma, programada para el 4 de septiembre durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), enfrenta la oposición de una amplia mayoría de comunidades, incluyendo aquellas gobernadas por socialistas, y solo se espera contar con el apoyo de Cataluña y Canarias.
Fedea advierte que el plan del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica favorece desproporcionadamente a Cataluña y podría dejar al Estado central en una situación precaria
Uno de los aspectos más controvertidos para Fedea es el Fondo de Statu Quo, que se concibe como una compensación indefinida ajustada con el Índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE). De la Fuente califica esto de vicio que introduce en el sistema una inercia excesiva. El informe subraya que, si no se pueden realizar cambios en la financiación por razones de equidad, se complica la redistribución necesaria. Además, se critica el desajuste entre las ponderaciones de gasto propuestas y la realidad presupuestaria de las autonomías, especialmente en sectores como Sanidad y Educación, donde los porcentajes asignados no se corresponden con el gasto real observado.
La propuesta de Hacienda incluye un incremento de 20.975 millones de euros en la financiación de las comunidades a partir de 2027, alcanzando un total aproximado de 224.500 millones de euros. No obstante, Fedea critica que este aumento de capacidad tributaria, mediante la subida de la cesión del IRPF al 55% y del IVA al 56,5%, se destine a financiar competencias singulares como la policía autonómica. De la Fuente considera que esto reduce la transparencia y dificulta la comparación entre territorios. Frente a ello, Fedea sugiere recuperar la idea de un IVA colegiado donde las comunidades compartan el costo político de las subidas impositivas necesarias para afrontar gastos crecientes, como los derivados del envejecimiento de la población.
