El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha anunciado la salida de su país de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, calificando el acuerdo propuesto por Washington de injusto y antieconómico. Carney ha destacado que los cambios de última hora en sectores como el acero y los automóviles cuestionaban la fiabilidad de cualquier pacto, además de representar un ataque directo a la soberanía canadiense.
El mandatario canadiense ha señalado que, aunque no pueden controlar la tormenta que sopla desde Washington, Canadá puede trazar un nuevo curso mediante la diversificación de sus relaciones comerciales y la implementación de represalias dólar por dólar. Carney ha subrayado la relevancia de Canadá como proveedor energético de Estados Unidos, asegurando un suministro del 99% de gas natural, el 85% de electricidad y el 60% de petróleo crudo.
Carney ha afirmado que Canadá responderá dólar por dólar a las sanciones de Estados Unidos en ámbitos como el acero, los lácteos, equipos agrícolas o papel
La ruptura de las negociaciones implicará un arancel estadounidense del 50% a los productos canadienses, valorados en unos 24.000 millones de euros. Ante esta situación, Carney ha ordenado el regreso de su equipo negociador a Ottawa, acusando a Estados Unidos de imponer restricciones destinadas a evitar que Canadá firme acuerdos comerciales con otros países.
Las medidas de represalia canadienses estarán en vigor después del Día del Trabajo, el 8 de septiembre, y aunque el impacto será significativo, se consideran necesarias para proteger a los trabajadores y reforzar la competencia en el mercado interno. Carney ha prometido más detalles sobre las medidas de apoyo económico en los próximos días.
Por su parte, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, ha defendido el propuesto acuerdo como el mejor para Canadá, aunque no ha descartado retomar las conversaciones en el futuro. Contrariamente, gobernadores demócratas como Gavin Newsom de California y Gretchen Whitmer de Michigan han criticado las políticas arancelarias de la administración de Trump, destacando su impacto negativo sobre las familias y las empresas estadounidenses.
