El Consejo de Ministros planea aprobar una declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, con el objetivo de gestionar la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio. Esta medida permitirá al Gobierno asumir el control sobre la ciudad autónoma, designar una autoridad funcional encargada de dirigir y coordinar las acciones necesarias, y movilizar recursos humanos y materiales tanto públicos como privados. La responsabilidad de esta tarea recaerá en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Para implementar esta declaración, el presidente del Gobierno debe aprobar un real decreto e informar inmediatamente al Congreso sobre las medidas adoptadas y la evolución de la situación, aunque no es necesario someter la medida a votación parlamentaria. Este procedimiento está regulado en el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, la cual describe esta situación como aquella que, debido a la gravedad de sus efectos, requiere una coordinación reforzada de las autoridades competentes.
La declaración no equivale a un estado de alarma. Según la normativa, "se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos". El real decreto que formalice la declaración debe incluir detalles como la definición de la crisis, el ámbito territorial afectado, así como la duración y posibles prórrogas.
El Gobierno podrá designar a una autoridad funcional, ya decidida como el ministro Torres, para dirigir y coordinar las actuaciones necesarias ante la situación de interés para la Seguridad Nacional
El real decreto también deberá especificar los recursos humanos y materiales necesarios de acuerdo con los planes previstos y cualquier recurso adicional requerido, conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional. Las autoridades competentes estarán obligadas a proporcionar los medios necesarios bajo su control.
En caso de activar esta medida, el Gobierno está obligado a informar "inmediatamente" al Congreso de las medidas adoptadas, aunque no necesitará su autorización para la declaración. Además, la ley contempla que los recursos destinados a esta situación se aprueben mediante real decreto, el cual detallará los medios humanos y materiales necesarios, tanto públicos como privados.
Cualquier perjuicio ocasionado por la declaración de recursos dará lugar a indemnizaciones, conforme a las leyes vigentes sobre esta materia. Asimismo, la disposición de recursos se realizará en coordinación con las comunidades autónomas, tal como lo establece la normativa.
