La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha decidido asumir la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ocurrida a finales de julio, al apuntar hacia una "gestión favorecedora" desde Marruecos. En su auto, Tardón sugiere que la actuación delictiva presuntamente cometida en el extranjero ha afectado gravemente a la integridad territorial de España, un principio protegido por la Constitución, debido a la entrada masiva de personas que han comprometido la vida y derechos de los ciudadanos de Ceuta.
La jueza María Tardón ha identificado una clara colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes en este hecho, cuya conducta ha sido graficada y documentada. La magistrada ha indicado que, por tratarse de delitos que comprometen la paz del Estado, se asume la competencia de la Audiencia Nacional. La decisión cuenta con el respaldo de la Fiscalía, que considera que los efectos más graves del incidente se producen en territorio español.
La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta es señalada como un ataque a la integridad territorial de España, con implicaciones de una "guerra híbrida"
El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) reveló que el fenómeno no fue incidental ni espontáneo, sino un proceso organizado donde la supuesta finalidad migratoria sirvió como una mera cobertura. Asimismo, el informe destaca que las fuerzas marroquíes jugaron un papel activo en el guiado de los inmigrantes y que, incluso un día antes del evento, se emitió una alerta anticipando el riesgo extremo de entrada masiva.
El auto de Tardón describe una estructura de cinco niveles de organización detrás del evento, desde la "masa" de personas que cruzaron la frontera hasta los responsables de la planificación y ejecución en redes sociales y en el terreno, subrayando la alta capacidad de influencia que esto ha requerido.
Según la jueza, durante la entrada masiva, el sistema de control fronterizo español sufrió "oleadas de diferente intensidad y perfil" que provocaron una violación masiva de la soberanía española. Estos hechos desestabilizaron varios sistemas de capacidades de respuesta en España, con impactos en múltiples ámbitos, como seguridad pública y sanidad.
Además de las fuerzas de seguridad marroquíes, Tardón destaca la actuación permisiva documentada durante los días del evento, en la que no se registraron intentos serios de dispersar a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera. Con el respaldo de la Fiscalía, también ha ordenado que las diligencias que se desarrollen se mantengan parcialmente en secreto para proteger la investigación.
Organizaciones como Iustitia Europa, PP, Vox y Hazte Oír han sido aceptadas para participar en la causa como acusaciones populares, aunque se les ha solicitado unificarse en una sola representación. La acusación considera que los hechos se enmarcan en un delito que atenta contra la paz e independencia del Estado, reflejando una intencionalidad de comprometer la soberanía española mediante un flujo migratorio masivo característico de "guerra híbrida".
