La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha planteado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética y digital para centros de datos. Según la consejera, las condiciones establecidas por el Gobierno de España son de extremadamente difícil o casi imposible cumplimiento, poniendo en riesgo el desarrollo del sector.
En una comparecencia este viernes, Valle argumentó que las exigencias incluidas en el decreto no facilitan la organización del sector como se pretende, sino que representan una barrera de entrada efectiva para la actividad. Esta situación podría comprometer severamente infraestructuras clave para la economía digital, la autonomía tecnológica europea y la competitividad española.
El Gobierno de Aragón advierte que la regulación proyectada amenaza inversiones de 54.000 millones de euros en la comunidad, necesarias para impulsar la competitividad digital
El Ejecutivo autonómico ha solicitado una revisión integral del texto normativo, subrayando la necesidad de ajustarse a principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. En particular, piden revisar las exigencias energéticas, que incluyen una cuota renovable del 90% y la obligación de cubrir el 80% del consumo con generación renovable adicional. Según el Gobierno aragonés, tales requerimientos podrían estar limitando materialmente la expansión del sector en España.
Además, el proyecto, tal cual está planteado, introduce modificaciones que deberían ser establecidas mediante una ley, al afectar al régimen de acceso y conexión a la red eléctrica. Las alegaciones también apuntan que la normativa podría tener efectos retroactivos, aplicando nuevos requisitos a permisos ya concedidos y proyectos en progreso, alterando el marco regulatorio aceptado por los inversores.
Eva Valle ha advertido de que si se aprueba el Real Decreto, España tendría un régimen más restrictivo que otros países europeos, con el riesgo de desventajas competitivas y posible deslocalización de inversiones. Mientras otros estados miembros optan por enfoques graduales, España pondría en peligro su atractivo para atraer centros de datos.
Por último, el Gobierno de Aragón ha cuestionado el análisis de impacto normativo del proyecto, criticando la falta de una evaluación rigurosa de sus posibles efectos económicos y territoriales. Destacan la importancia de considerar el impacto en empleo, inversión y competitividad en los territorios afectados, en especial Aragón.
Los centros de datos juegan un papel crucial en el desarrollo tecnológico, y su ubicación estratégica es clave en un contexto donde Europa busca independencia tecnológica. España, por sus capacidades energéticas y tecnológicas, tiene una oportunidad única para posicionarse como un polo de la economía digital, una situación que la nueva regulación podría poner en peligro.
