El exceso normativo en España representa un coste superior a los 90.000 millones de euros anuales, lo que equivale aproximadamente al 6% del PIB y a unos 1.470 euros por ciudadano. Esta cifra proviene del informe 'Desenredar España', elaborado por el Instituto Juan de Mariana y el observatorio CEU-Cefas.
El estudio contabiliza la existencia de 295.000 normas autonómicas, destacando a Cataluña, Andalucía y Castilla y León como las comunidades con mayor exceso regulatorio. Además, estima que la fragmentación normativa entre comunidades autónomas supone un coste de 37.500 millones de euros, equivalente a 2,5 puntos del PIB nacional. A este panorama se suman otros 52.430 millones de euros, o 3,5 puntos del PIB, vinculados a la falta de evolución en el marco regulatorio del mercado único europeo.
Las comunidades autónomas concentran el 76,6% de las normas publicadas en España en los últimos 40 años
En contraste, el Gobierno central es responsable del 16,6% y las corporaciones locales del 6,7%. Sebastián Albella, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y socio de Linklaters, ha resaltado la urgencia de simplificar el marco regulatorio. "Claramente, nos hemos pasado. Hay que hacer la vida más fácil a empresas y ciudadanos eliminando o simplificando muchas normas", indicó Albella, sugiriendo que esta simplificación es viable incluso en áreas sensibles como los servicios financieros, sin comprometer la supervisión ni la protección de inversores.
Albella también mencionó que Galicia podría liderar en materia de desregulación y simplificación administrativa, asegurando que los intereses públicos permanezcan intactos. Participará el próximo 1 de octubre en A Coruña en un evento sobre competitividad, estabilidad legal, hiperregulación y absentismo laboral, organizado por Nueva Mutua Sanitaria en colaboración con Alumni de la Escuela de Negocios IESE. Entre los ponentes se incluyen Luis de Guindos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), y Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados.
El informe sugiere medidas como la eliminación urgente de más de 200 leyes para reducir la carga burocrática sobre empresas y autónomos, con el fin de mejorar la competitividad de la economía española.
