El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa continuará gestionando la participación del Estado en CaixaBank y Sareb, según se especifica en el Anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales. Esta decisión implica que dichas participaciones no serán transferidas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la cual depende del Ministerio de Hacienda y posee participaciones en empresas como Enagás, Redeia, Indra, IAG, Airbus, Telefónica, Talgo y Ebro Foods.
El Gobierno, originalmente, había considerado la posibilidad de transferir el control de la participación en Telefónica a otra entidad llamada Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. No obstante, estas participaciones permanecieron bajo la gestión de la SEPI, que opera como hólding de empresas cotizadas, a diferencia de la SETT, cuyas participaciones no cotizan en Bolsa.
En julio, se propuso una reforma del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el objetivo de convertirlo en un ente centrado en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dejando de ser una autoridad de resolución bancaria. Esto derivará en la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), que integrará al Sepblac y a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Las funciones de supervisión y resolución se transferirán al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según corresponda
El Ministerio de Economía explica que BFA Tenedora de Acciones, al ser adquirida por la Administración General del Estado, adquirirá el estatus de sociedad mercantil estatal y se regirá por la normativa del sector público, manteniendo la obligación de desinversión bajo procedimientos que aseguren la competencia y previo informe de la Intervención General del Estado.
El Ministerio justifica el tratamiento especial de estas sociedades debido a su origen histórico y considera que estas participaciones no tienen carácter estratégico ni industrial, sino que resultan de procesos de reestructuración bancaria. Este cambio legal se justifica tras la consecución casi completa de los objetivos de saneamiento y reducción progresiva de su balance, lo que ha llevado a la entidad a perder su naturaleza de instrumento de resolución.
