El Gobierno español está decidido a reactivar su propuesta para que el catalán, euskera y gallego sean reconocidos oficialmente como lenguas de la Unión Europea. Tras más de un año sin progresos en Bruselas, se espera que el próximo martes España lance un ultimátum al resto de países miembros, condicionando la adhesión de nuevos socios a la oficialización de estas lenguas. No obstante, varias capitales europeas han recibido esta medida con escepticismo, calificándola como una "amenaza vacía".
Un alto cargo de un Estado miembro, que ha mostrado cierta resistencia a esta reivindicación, subraya que el proceso de ampliación de la UE ya enfrenta bloqueos por diversas razones. "Un potencial chantaje de España es una amenaza vacía", afirmó, insistiendo en que la adhesión es un procedimiento basado en los méritos del país candidato y no está relacionado con la cuestión de las lenguas cooficiales. Por esta razón, posicionar la petición española dentro del ámbito de la ampliación no facilitará el debate, acuerdan fuentes diplomáticas.
La estrategia del Gobierno español de vincular la oficialización de las lenguas cooficiales con la ampliación de la UE enfrenta un recibimiento frío y la consideración de ser un chantaje ineficaz
Desde otro país miembro de la UE, se advierte que introducir "asuntos de política doméstica" en el diálogo europeo no favorece la ampliación del bloque. Este comentario hace alusión a los compromisos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pactó con el partido Junts para obtener apoyo en su investidura. "Nada ha cambiado", expresan desde esta delegación, indicando que pocos países se toman en serio la amenaza de veto española.
El formato elegido para la reunión, que se llevará a cabo en unos días, permite a España informar sobre su posición pero no asegura un debate significativo entre los ministros, ya que está catalogado en la agenda como un "punto varios". Este procedimiento no permite decisiones de fondo, sólo intervenciones voluntarias de otros ministros o representantes del Consejo y la Comisión Europea.
Se espera que España explique cómo vinculará su amenaza de veto frente a la ampliación a países como Montenegro o Albania si no se incorporan las lenguas cooficiales. Las delegaciones sostienen una postura invariable desde el intento fallido del Gobierno en julio de 2025 bajo la presidencia danesa del Consejo de la UE, causado por el rechazo de casi una decena de países debido a sus preocupaciones jurídicas, financieras y operativas.
A pesar de estas dificultades, el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que cuenta con una "amplia mayoría" de apoyos, aunque las "reticencias" de algunos Estados están motivadas políticamente, según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Durante el último año, España ha intensificado los contactos bilaterales para convencer a las capitales sobre la reforma, comprometiéndose a asumir los costes de su implementación, sin que estos esfuerzos hayan derivado en debates a nivel de Veintisiete o técnico en Bruselas.
