Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València, se enfrenta a un desahucio programado para el 30 de septiembre en la vivienda de Burjassot (Valencia) donde vive desde 2009. Durante casi una década, Daniel ha estado luchando contra esta posibilidad, lamentando que pese a tener todos sus documentos en regla, debe dejar su hogar. Atribuye esta situación a un sistema judicial que, en sus palabras, hace aguas por todas partes.
Su historia comenzó en septiembre de 2009, cuando se mudó al piso como estudiante junto a otros compañeros bajo un alquiler de 594 euros mensuales. Con el tiempo, sus compañeros cambiaron y él quedó solo en el inmueble. Durante la crisis económica de 2012, la empresa propietaria del piso rebajó el alquiler a 350 euros mensuales y acordó una opción de compra por 71.000 euros, con derecho al tanteo y retracto. Posteriormente, la empresa entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar el pago del alquiler en los juzgados.
El sistema no funciona y el Estado, o el sistema judicial, hace aguas por todas partes
En 2017, el piso fue puesto a subasta, pero Daniel logró suspenderla momentáneamente al argumentar ante el juzgado su derecho de compra. Sin embargo, la subasta se reanudó, y el inmueble fue adquirido por CaixaBank. Desde entonces, Daniel ha enfrentado demandas de Coral Homes S.L., vinculada al banco, por presunta ocupación ilegítima, pese a que las resoluciones judiciales le habían dado la razón previamente.
En marzo de 2026, Daniel perdió un juicio donde se le condenó al desalojo del piso y al pago de 35.620,88 euros por rentas no abonadas, aunque él asegura que había seguido todos los procedimientos legales para realizar los pagos. El fallo judicial no reconoció los cambios de alquiler documentados mediante anexos al contrato inicial.
Con su desahucio inminente, Daniel lamenta que siente que sus derechos han sido menospreciados por el sistema legal. Aunque ha presentado un escrito de apelación denunciando irregularidades en el proceso, este no ha sido admitido porque debía depositar previamente la compensación económica reclamada.
El investigador planea protestar pacíficamente el día del lanzamiento con el apoyo del Sindicat d'Habitatge de València. A pesar de su situación, Daniel asegura que no está desamparado, pues cuenta con un trabajo y un lugar donde ir. Sin embargo, denuncia que casos como el de Maricarmen, una mujer de 87 años recientemente desahuciada en Madrid, no deberían ocurrir en un Estado democrático.
Daniel concluye con un llamado a la reflexión sobre el funcionamiento del sistema judicial y su deseo de que su situación obtenga una última resolución favorable. Mientras tanto, su abogada continúa trabajando incansablemente para intentar frenar el desalojo.
