El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha afirmado que el exconcejal de Patrimonio, Toni Gallego, fue informado con varios días de antelación de que debía responder a una pregunta planteada por Compromís sobre las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, durante el pleno del 25 de julio de 2024. Según Villar, esta afirmación puede verificarse documentalmente.
El equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala ha emitido un comunicado tres meses después de que Gallego declarara en una comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts que la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, le pidió poco antes del pleno que respondiera en su lugar, argumentando que ella poseía una vivienda en el mencionado complejo. Este comunicado coincide con la reciente declaración de Gallego como testigo ante la jueza encargada de investigar las adjudicaciones de estas VPP, donde ratificó su comparecencia en el parlamento autonómico.
El vicealcalde defiende que Toni Gallego sabía con antelación que debía responder sobre las VPP en el pleno
Villar ha asegurado de manera contundente que los recuerdos de Gallego no coinciden con la realidad, y ha enfatizado que Gallego conocía de antemano que debía responder a la pregunta de Compromís, como se puede acreditar documentalmente. También ha señalado que todo el equipo de gobierno estaba al tanto de quién era el responsable de responder cada iniciativa plenaria antes del pleno del 25 de julio, asistiendo sin sorpresa a la asignación de palabras por parte del alcalde durante la sesión.
Por otro lado, las declaraciones de Gallego en Les Corts llegaron después de que el alcalde Barcala, en un pleno extraordinario en febrero de 2026, sobre el asunto de Les Naus, indicara que desconocía la adjudicación de una VPP a Rocío Gómez y que fue consciente de la situación el 27 de enero. Durante esa sesión, Barcala pidió disculpas y calificó el caso de "escándalo".
En el proceso judicial que investiga las VPP en Les Naus, hay 15 personas imputadas. Entre ellas, la exedil Rocío Gómez, quien dimitió en enero tras descubrirse que tenía una propiedad en el residencial. También está la exjefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dejó su puesto tras desvelarse que familiares cercanos habían sido beneficiarios de varios inmuebles. Además, el caso involucra a varios funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda, incluidos responsables de visados de las VPP y adjudicatarios de los pisos.
