La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha valorado favorablemente el rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. La entidad sostiene que su aprobación habría incrementado el riesgo de impago y la inseguridad jurídica y económica de los propietarios.
En un comunicado, SEAG advierte de que las medidas podrían haber reducido la oferta de alquiler habitual. Según su análisis, unos contratos más rígidos y una menor capacidad para disponer del inmueble habrían llevado a algunos propietarios a vender sus viviendas, dejarlas vacías o destinarlas a otros usos.
La entidad también considera que otros arrendadores habrían elevado las exigencias a los aspirantes a inquilinos. Esa respuesta, señala, habría perjudicado especialmente a jóvenes, trabajadores temporales y hogares con ingresos irregulares.
En relación con los impagos, SEAG vincula el riesgo económico de cada contrato con la incertidumbre sobre los plazos para recuperar la vivienda y reclamar las cantidades adeudadas. A su juicio, ese riesgo puede trasladarse al precio del alquiler, a las garantías exigidas al inquilino o a la decisión de retirar el inmueble del mercado.
SEAG defiende que la protección del inquilino vulnerable debe ser compatible con la seguridad jurídica y económica del propietario
La sociedad considera que los decretos podían convertir al propietario particular en el "último eslabón" de la política social de vivienda. Frente a los casos en los que un inquilino deja de pagar por una situación de vulnerabilidad, reclama una respuesta rápida y eficaz de los servicios públicos.
Para conciliar la protección de ambas partes, propone procedimientos más rápidos frente al impago, una coordinación efectiva con los servicios sociales y soluciones habitacionales financiadas por las administraciones. También pide mecanismos que permitan recuperar el inmueble y las cantidades pendientes en plazos razonables.
SEAG concluye que la estabilidad del mercado del alquiler requiere reglas claras, equilibradas y previsibles para propietarios e inquilinos. Según la entidad, concentrar la incertidumbre en el arrendador reduce la confianza y la oferta, y eleva las barreras de acceso. Por ello, sostiene que el reto no se limita a prolongar los contratos, sino que pasa también por aumentar las viviendas disponibles y facilitar que ambas partes puedan alquilar con seguridad.
