Los sindicatos CCOO y UGT han solicitado la retirada y no convalidación del Real Decreto-ley sobre transparencia e integridad de los grupos de interés, también conocida como la 'ley de lobbies', aprobada por el Gobierno. Según ambos sindicatos, esta normativa vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales y representa un despropósito por su contenido y el procedimiento seguido. Han instado a los grupos parlamentarios a evitar la convalidación de la norma en su forma actual y a que se tramite como proyecto de ley, garantizando así la participación de los agentes sociales y el debate democrático. Los sindicatos critican que el proceso legislativo no haya culminado en el Pleno del Congreso, y que se haya optado por un Real Decreto-ley, un trámite unilateral por parte del Ejecutivo.
CCOO y UGT también reclaman al Gobierno una ley que defina el valor del diálogo social y la participación institucional, respetando la función constitucional de los sindicatos. Según denuncian, la ley equipara a las organizaciones sindicales con los grupos de interés, ignorando las funciones representativas que la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical les otorgan. Para los sindicatos, ser denominados grupos de interés en el ámbito de las políticas públicas supone desconocer un derecho y una obligación legal, ya que su representatividad deriva de procesos electorales democráticos, no de defender intereses económicos.
Los sindicatos han manifestado que equiparar su papel con los grupos de interés resta garantías a la libertad sindical en comparación con el modelo europeo
A diferencia de otros actores, los sindicatos recalcan que están excluidos por el Acuerdo Interinstitucional de la UE del registro de transparencia, un tratamiento que no está reflejado en la nueva norma española. Este hecho, según UGT y CCOO, supone un retroceso respecto al modelo europeo, donde los sindicatos son tratados de manera específica y diferenciada.
Por otro lado, los sindicatos critican que el uso del Real Decreto-ley para aprobar la norma incumple el artículo 86.1 de la Constitución, ya que, a su juicio, no hay razones de "extraordinaria y urgente necesidad". El proyecto de ley llevaba más de un año en tramitación parlamentaria. Además, recuerdan que este instrumento no debe regular materias reservadas a ley orgánica, como la libertad sindical. Ante esta situación, exigen al Gobierno que impulse una legislación que regule el diálogo social, garantizando la seguridad jurídica, la transparencia y el respeto al derecho a la negociación colectiva. UGT y CCOO han destacado que tienen una propuesta lista para abordar este tema de manera inmediata.
