El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha denunciado como "racistas y xenófobos" los criterios planteados para acceder a una vivienda pública o protegida en el acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Vox para formar gobierno en Extremadura. Desde el departamento encabezado por Isabel Rodríguez, se ha expresado rechazo a estos términos y se ha destacado que el verdadero problema de la región es la despoblación, no la migración.
Estas críticas llegan tras el anuncio del acuerdo entre PP y Vox, que incluye medidas para establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social basado en un "principio de prioridad nacional". El Ministerio ha subrayado su compromiso de asegurar que las políticas de vivienda en Extremadura respeten la igualdad entre todos los ciudadanos.
El Gobierno se compromete a proteger el rigor y la transparencia en los procesos de adjudicación de viviendas financiadas con fondos estatales.
Esta postura se emite en un contexto donde se recuerdan escándalos pasados, como el de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Alicante, criticado por la adjudicación de casas a cargos del PP. Además, se alerta de que los criterios acordados por Vox y PP podrían dificultar el retorno de extremeños que se trasladaron a otras comunidades autónomas en busca de oportunidades laborales o académicas.
