El Partido Popular (PP) presentará la próxima semana en el Pleno del Congreso su propuesta de ley destinada a mejorar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística. Esta propuesta, ya aprobada en el Senado, busca entre otras medidas agilizar los trámites urbanísticos y permitir que empresas, bancos y fondos de inversión puedan recuperar viviendas okupadas a través de juicios verbales. El borrador del orden del día del Pleno al que ha accedido Europa Press confirma que la formación de Alberto Núñez Feijóo defenderá su iniciativa la próxima semana.
La nueva normativa abarca más allá del ámbito urbanístico y propone la eliminación de ciertos puntos de la Ley de Vivienda de 2023, como las zonas tensionadas y el índice de precios de alquileres, medidas que el PP considera perjudiciales para el mercado inmobiliario. Además, pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que personas jurídicas puedan solicitar la recuperación de viviendas si han sido privadas de ellas sin su consentimiento. Este cambio busca ofrecer una resolución más ágil para litigios civiles de menor cuantía.
La aprobación de esta normativa podría suponer cambios significativos en los procedimientos urbanísticos y en la recuperación de viviendas ocupadas de manera ilegal.
Dentro de las reformas procesales, se propone reducir de dos a un mes el plazo máximo para la posible suspensión de procesos de desahucio, cuando el demandante sea una persona física, y de cuatro a tres meses cuando se trate de una persona jurídica, buscando acelerar la protección de personas vulnerables. Asimismo, se establece que cualquier unidad familiar con ingresos superiores a 900 euros mensuales no será considerada vulnerable económicamente a efectos de desahucios.
En el ámbito urbanístico, la propuesta regula que, aunque sigue siendo necesaria una licencia para obras de nueva construcción, la falta de respuesta de la administración competente en un plazo de tres meses generará un silencio positivo, permitiendo continuar con la construcción. No obstante, en obras con protección ambiental o histórico-artística, el silencio será negativo.
La iniciativa también contempla eliminar la nulidad cascada de proyectos urbanísticos y sugiere la supresión de la evaluación ambiental del suelo de 2015 por considerarla redundante. Además, busca crear una plataforma para facilitar la emisión de informes sectoriales, promoviendo la interoperabilidad con otras plataformas urbanísticas de diferentes administraciones locales y autonómicas.
En cuanto a litigios administrativos, la proposición de ley limita a cuatro años el plazo de impugnación de normas de instrumentos de ordenación territorial y establece disposiciones especiales para Ceuta y Melilla en materia de aprobación de sus instrumentos urbanísticos. La ley busca limitar impugnaciones con fines meramente económicos, recomendando la acción pública para proteger intereses colectivos.
