El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una nueva normativa destinada a salvaguardar a los trabajadores que denuncien casos de corrupción en su entorno laboral, extendiendo esta protección también a sus familiares más cercanos. Este anteproyecto de ley introduce cambios significativos en varios artículos del Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de garantizar que aquellos que decidan revelar prácticas corruptas en sus lugares de empleo no enfrenten represalias tales como despidos, amenazas o acoso.
Desde el Ministerio de Trabajo han subrayado que la finalidad de este nuevo marco legal es evitar que las denuncias públicas deriven en consecuencias adversas para los empleados. En concreto, se busca ampliar las causas que puedan motivar la nulidad de un despido, reforzando así la seguridad jurídica de quienes actúan en contra de la corrupción.
El anteproyecto de ley pretende que denunciar prácticas corruptas no resulte en consecuencias negativas para los trabajadores y sus familias
