La reciente condena de 24 años de prisión impuesta al exministro José Luis Ábalos ha levantado críticas entre miembros del Gobierno, quienes consideran la sentencia excesiva. Aluden a que, debido a su edad, esta pena equivale prácticamente a una "cadena perpetua". Al mismo tiempo, expresan su descontento con el hecho de que Víctor de Aldama, implicado también en el caso y señalado como el "corruptor", evada la prisión y posea todavía cerca de cuatro millones de euros.
Una ministra ha señalado que el Tribunal Supremo no ha respetado el principio de proporcionalidad. Ábalos, actualmente de 66 años, tendrá que cumplir 16 años de cárcel, lo que significa que, de no haber cambios, saldrá con 82 años. Comparativamente, se critica que Aldama no enfrente una pena de prisión a pesar de los delitos y las pruebas presentadas en su contra.
Esta situación resalta las disparidades en las condenas por delitos de corrupción, con críticas sobre la proporcionalidad y las repercusiones en la percepción pública de la justicia
La indignación se intensifica al considerar que Aldama, según las fuentes, no ha tenido que devolver la millonaria sanción de 3,7 millones de euros que originalmente solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Solo se le exige devolver las ganancias del cohecho, cifradas en 430.000 euros, junto a multas menores. Esta postura del Supremo, advierten desde el Gobierno, puede desencadenar un descontento popular que perjudique al Partido Popular en términos electorales, pues se percibe que la ley no se aplica de manera equitativa.
Por su parte, otro ministro ha calificado de “inenarrable” la decisión del Supremo de eximir a Aldama del pago íntegro de los 3,7 millones demandados por la Fiscalía. Se enfatiza que esta medida no solo podría influir en el ámbito político, sino que también transmite un mensaje preocupante a la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema judicial.
