El Gobierno español ha solicitado una prórroga a la Comisión Europea hasta marzo de 2027 para implementar reformas que eliminen el abuso en la contratación temporal en el sector público. Esta petición fue comunicada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por Óscar López, justificándose en recientes sentencias del Tribunal Supremo que aportan nuevos elementos al enfoque sobre indemnizaciones que deben ser analizados. Además, se requiere un diagnóstico exhaustivo del número de trabajadores temporales afectados por esta situación en todas las administraciones públicas.
El 29 de abril, la Comisión Europea dio a España un plazo de tres meses para alinear la normativa nacional con las exigencias comunitarias sobre temporalidad en el sector público. Este período concluyó el 29 de junio, bajo la amenaza de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se resolvían las deficiencias detectadas. La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de mayo, que excluye la posibilidad de convertir automáticamente a temporales abusados en empleados fijos, es uno de los argumentos que sustenta la solicitud de extensión. En esta sentencia, se definió un sistema de indemnizaciones que incluye una compensación extintiva y otra por daños morales y materiales derivados del abuso.
El Supremo establece indemnizaciones para trabajadores temporales abusados en función de daños morales y materiales, con pautas según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social
El próximo 8 de julio, el Ministerio ha convocado a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión en Santander. Este encuentro, en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, tiene como objetivo debatir medidas para reducir la temporalidad y seguir los compromisos del último encuentro del 7 de mayo. Durante esa reunión, se propuso un grupo de trabajo encargado de proponer cambios normativos, considerando el fallo del Supremo que impide hacer fijos automáticamente a los temporales.
En este contexto, el Gobierno se reunió el 24 de junio con organizaciones sindicales para seguir el Plan de Choque para Reducir la Temporalidad en las Administraciones Públicas. Presenciada por Hilda Jiménez, se actualizaron a 440.168 los procesos de estabilización y se buscó el consenso de nuevas medidas a implementar.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado que se deben imponer sanciones más duras para aquellos responsables que persistan en el abuso de contratos temporales. CSIF reclama que, aparte de sanciones administrativas, se persiga personalmente a los máximos responsables de las infracciones. Además, la entidad aboga por convocar todas las plazas estructurales necesarias en ofertas de empleo público, reducir plazos de ejecución en procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para permitir que las administraciones ajusten sus plantillas según necesidades reales.
