El juez de la Audiencia Nacional encargado del 'caso Plus Ultra' ha decidido no ordenar a la Agencia Tributaria la suspensión de las investigaciones fiscales que afectan al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su familia. Entre los investigados también figuran su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura, además de su empresa What The Fav, así como el empresario Julio Martínez Martínez y sus sociedades vinculadas.
El magistrado, alineándose con la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado las solicitudes de las delegaciones de la Agencia Tributaria de Madrid y Valencia. Estas habían solicitado el 29 de junio detener las inspecciones fiscales alegando que estaban relacionadas con los procedimientos judiciales abiertos en el juzgado, sugiriendo que podría haber conflictividad penal. No obstante, el juez ha estipulado que si la Agencia Tributaria detecta indicios de delito fiscal, deberá informar al juzgado para que se evalúe adecuadamente.
El sistema prevalece en la continuidad de las acciones administrativas y solo se suspenden en casos excepcionales
La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la suspensión de las inspecciones al considerar que no existía una correspondencia clara entre las investigaciones judiciales y fiscales. El expresidente Zapatero, por su parte, abogó por la detenencia de las actividades inspectoras, argumentando que las indagaciones coincidían parcialmente y violaban sus derechos fundamentales conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.
El juez subraya que el régimen actual permite que la continuidad de la Administración prevalezca, salvo en situaciones excepcionales, y destaca que el caso no busca investigar delitos contra la Hacienda Pública, salvo la excepción de una pieza separada relacionada con Zapatero que podría tener relevancia fiscal. Se trata de piezas de joyería encontradas en su oficina, cuyo valor fiscal y penal aún no se ha determinado y no justifica la suspensión de las actuaciones fiscales para los años 2022 a 2024.
En cuanto a la documentación proporcionada a la Agencia Tributaria, el juez Calama asegura que esto no implica autoincriminación, ya que no constituye la generación de nueva información ni la colaboración activa con la investigación penal. Zapatero había solicitado la suspensión de las actuaciones fiscales sobre él y su familia, argumentando una "prejudicialidad penal" que consideraba viciaba los procedimientos.
Finalmente, la Agencia Tributaria había transmitido al juez su percepción de que los hechos investigados presentaban una posible relación con actuaciones judiciales penales, sugiriendo que se podría justificar la suspensión de los procedimientos fiscales referidos al entorno del expresidente.
