El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha evaluado positivamente la Ley de Eficiencia, vigente desde hace un año, destacando un aumento de los juicios y del número de jueces, así como una disminución del número de asuntos, pese a reconocer algunas incidencias "puntuales". Esta normativa transformó los antiguos juzgados unipersonales en tribunales de instancia y estableció la obligatoriedad de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de iniciar procesos judiciales en materia civil y mercantil.
Un año después de su implementación, el Ministerio, encabezado por Félix Bolaños, asegura que la ley ha permitido una significativa reducción de la litigiosidad. La introducción de los MASC ha logrado un descenso del 20,4% en los asuntos civiles y mercantiles ingresados. En términos globales, la litigiosidad en todos los órdenes, incluidos el penal, social y contencioso-administrativo, se ha reducido en un 9,9%.
Un año después de su entrada en vigor, la Ley de Eficiencia ha disminuido los asuntos pendientes en un 4,5% en el área Civil.
Los tribunales de instancia, unos órganos colegiados formados por varios jueces, han sustituido a los antiguos juzgados unipersonales, mejorando así la eficiencia gracias a su única oficina judicial de apoyo técnico. Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 27 de marzo, justo antes de Semana Santa, las vistas realizadas han aumentado en más del 3% y las vistas señaladas en aproximadamente un 6%.
El Ministerio asegura que la implementación del nuevo modelo se ha llevado a cabo de forma gradual, sin provocar demoras ni suspensiones significativas. No obstante, se han detectado algunas incidencias puntuales, como una adaptación desigual entre comunidades autónomas o la interinidad de funcionarios. Para combatir esto último, se están realizando procesos de estabilización "complejos".
Esta reforma del sistema de justicia se considera "necesaria" y ha sido respaldada por gobiernos anteriores, asociaciones judiciales y sindicatos, con una inversión total de 1.121 millones de euros, destinados a medios personales, digitalización y adaptación de instalaciones. Así, se busca modernizar la justicia, optimizar recursos y distribuir mejor la carga de trabajo.
