El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Gobierno deberá proporcionar al Partido Popular (PP) información sobre "el número total de viviendas disponibles" en el parque inmobiliario estatal, detallando aquellas destinadas al uso de autoridades o cargos públicos. Esta decisión, comunicada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, responde al recurso presentado por el PP al considerar que la negativa a facilitar dicha información vulneraba el derecho fundamental a la participación política.
El caso se originó cuando la senadora del PP, Eva Ortiz, solicitó en febrero de 2025 el "conocimiento del número total de viviendas disponibles" en la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. Ortiz pidió especificar el uso oficial de estas viviendas, así como informar sobre aquellas desocupadas, arrendadas o cedidas para fines sociales. Sin embargo, el Gobierno respondió que el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado no permitía identificar automáticamente los inmuebles destinados a vivienda, ya que no se categorizaban de ese modo por su calificación urbanística o situación de hecho.
El Ejecutivo argumentó que los bienes de dominio público que albergan servicios públicos, incluidos los destinados a vivienda de cargos, se gestionan dentro de los espacios administrativos de cada departamento, por lo que no se individualiza ese uso en el inventario. Sobre los inmuebles en desuso, indicó que esta característica no se detalla en el inventario.
El Tribunal Supremo ha señalado que la respuesta del Gobierno no justifica la falta de acceso a la información solicitada por los senadores para cumplir con sus funciones parlamentarias.
La sentencia reconoce que el derecho de los senadores a recabar información no debe ser limitado por la ausencia de un tratamiento sistemático de los datos, cuando estos pueden ser obtenidos mediante un mínimo esfuerzo de procesamiento interno. El tribunal subrayó que distintos ministerios ya han proporcionado parte de la información requerida, demostrando la razonable disponibilidad de los datos dentro de la estructura organizativa del Gobierno.
