La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no someterse a un Debate sobre el estado de la Nación durante la actual legislatura. La última ocasión en que se celebró este evento fue en julio de 2022, incumpliendo el compromiso de organizarlo anualmente. Según Gamarra, esto demuestra la hipocresía del Gobierno.
El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha insistido a lo largo de la legislatura en la necesidad de celebrar este debate, una propuesta que figura en su plan de calidad institucional presentado en Cádiz en enero de 2023. La formación conservadora buscó formalizar esta exigencia al plantear una reforma del reglamento del Congreso en abril de 2025 para garantizar su convocatoria anual. Aunque la propuesta fue admitida a trámite, sigue pendiente de enmiendas.
En los ocho años de Sánchez solo ha habido un Debate de la Nación, criticó Cuca Gamarra, quien subrayó que si no se convoca es porque no se quiere.
Además, Gamarra acusó al Gobierno de haber declarado en septiembre de 2024 la obligatoriedad de celebrar el debate anualmente, como parte de su Plan de Acción por la Democracia. Sin embargo, según ella, no se ha cumplido con este anuncio, lo que tildó de hipocresía y tomadura de pelo. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, explicó que este plan prevé una reforma del Reglamento de las Cortes Generales para hacer obligatorio el debate.
Gamarra señaló que la reticencia de Sánchez se debe a razones políticas y de supervivencia, y que un debate evidenciaría la falta de proyecto para España y la corrupción en su entorno. También cree que quedaría patente la falta de mayoría parlamentaria del presidente, así como las divisiones internas del gobierno, manifestadas recientemente en el Consejo de Ministros al aprobar el decreto anticrisis.
En paralelo, el Gobierno ha defendido su compromiso con el control parlamentario. En respuesta a una pregunta escrita del PP en la Cámara Baja, afirmó que cumple rigurosamente con sus obligaciones constitucionales, como lo demuestran las múltiples comparecencias de Sánchez y sus ministros en el Parlamento para responder a preguntas e interpelaciones.
