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Hacienda informa al juez de una investigación fiscal a Zapatero y su familia entre 2021 y 2025

La Agencia Tributaria investiga a Zapatero y su familia por obligaciones fiscales entre 2021 y 2025, incluyendo posibles delitos fiscales

Hacienda informa al juez de una investigación fiscal a Zapatero y su familia entre 2021 y 2025
Por Redacción Capital

La Agencia Tributaria (AEAT) ha informado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, encargado del 'caso Plus Ultra', sobre la apertura de una investigación relacionada con las obligaciones fiscales del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa y sus hijas, Alba y Laura Rodríguez. Esta investigación abarca el periodo comprendido entre 2021 y 2025.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Hacienda ha iniciado actuaciones de comprobación e investigación inspectora sobre el exlíder socialista, así como sobre el empresario Julio Martínez Martínez, dueño de An análisis Relevante y asociado cercano a Zapatero. La investigación se centra en diversos impuestos, incluyendo los de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Como parte del procedimiento, el juez ha decidido integrar estas actuaciones en el caso y ha trasladado la documentación al Ministerio Fiscal para la emisión de un informe.

Hacienda figura como potencial perjudicada en el marco de la investigación del 'caso Plus Ultra'

Además, el juez Calama ha notificado que la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, se ha personado como perjudicada en la pieza relacionada con unas joyas encontradas en el despacho de Zapatero, cuyo valor preliminar fue tasado en 1,3 millones de euros.

Según fuentes del Gobierno, la Agencia Tributaria, que depende del Ministerio de Hacienda, estaba finalizando los trámites para personarse a través de la Abogacía del Estado. En un auto, el juez Calama expresó que la naturaleza de los hechos investigados podría constituir un delito contra la Hacienda Pública y de contrabando. Consideró que estos hechos muestran un perjuicio patrimonial vinculado directamente con ingresos estatales, bajo la gestión de la Agencia Tributaria, lo que justifica su legitimación para ejercer acciones penales y civiles.

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