El juicio en el Tribunal Supremo sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia ha concluido su primera semana. El procedimiento se centra en la contratación de mujeres vinculadas a José Luis Ábalos en empresas públicas y en la supuesta entrega de "tacos de billetes" en la sede del PSOE. Más de 20 testigos, incluidos familiares de los acusados -el exministro Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama- han declarado ante el tribunal liderado por el magistrado Andrés Martínez Arrieta.
Algunos testigos, investigados por el 'caso Koldo', optaron por no responder ciertas preguntas durante el juicio. Este fue el caso de Joseba García, hermano del exasesor, quien, siguiendo el consejo de su abogada Leticia de la Hoz, evitó contestar algunas cuestiones. Sin embargo, Joseba admitió haber acudido dos veces a la sede del PSOE para recoger sobres con dinero, así como haber realizado un viaje a República Dominicana para recoger documentación a petición de Aldama. Negó, no obstante, que estos viajes estuvieran relacionados con entregas de dinero.
Víctor Ábalos, hijo del exministro, negó haber manejado dinero de su padre o de tener conversaciones en clave con el exasesor Koldo García, tal como sugiere la Guardia Civil.
En lo que concierne a su situación familiar, el joven Ábalos describió las finanzas como "lamentables". Por su parte, Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, reconoció haber recibido regalos de Ábalos, incluyendo el alquiler de un piso en Madrid, pago que, según ella, corría a cargo de Ábalos sin preguntas de su parte.
Durante el juicio se abordó también el tema de los presuntos enchufes laborales. Rodríguez indicó su desconocimiento de que una de las empresas en las que trabajó fuera pública. Claudia Montes, vinculada sentimentalmente al exministro, confirmó haber recibido información de vacantes en Logirail, empresa donde trabajó y ascendió a supervisora. Una disputa laboral con sus supervisores fue mencionada durante el juicio, pero Montes refutó cualquier falta de desempeño en sus labores, asegurando que sus visitas a la biblioteca de Oviedo eran para formación profesional.
La empresaria Carmen Pano declaró haber entregado 90,000 euros en la sede del PSOE, alegando que Aldama le había transmitido que Ábalos deseaba obtener una casa por su mediación en una licencia de hidrocarburos para Villafuel.
Pano describió el método de entrega del dinero en bolsas de plástico y papel. También afirmó que una propiedad en Cádiz fue adquirida presuntamente para uso del entonces ministro, aunque inicialmente pensaba que se trataba de una inversión. Según Pano, Aldama indicaba contactos directos con miembros del Gobierno para gestionar las licencias requeridas.
