Sumar presentará en el próximo Pleno del Congreso su proposición de ley destinada a prohibir la compra de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión, reservando la adquisición únicamente para personas físicas. Este enfoque, que el grupo plurinacional ya intentó introducir anteriormente sin éxito, fue rechazado por la mayoría del Partido Popular, Vox y Junts, mientras que el PSOE se abstuvo. No obstante, la reciente decisión de Donald Trump en Estados Unidos de promover una medida similar generó elogios de Vox, incitando al portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, a reintroducir la propuesta. Sin embargo, Pepa Millán, portavoz de Vox, se desmarcó afirmando diferencias entre ambas propuestas y reiteró su oposición a cualquier iniciativa gubernamental.
La ley, registrada a principios de año, se debatirá en el Pleno de la próxima semana, según el orden del día disponible para Europa Press. La reforma propuesta modifica la Ley de Vivienda de 2023, específicamente el artículo 10, para prohibir la venta de inmuebles residenciales a empresas, incluyendo tanto operaciones onerosas como gratuitas. La medida afectaría tanto a las viviendas actualmente en uso como a las promociones nuevas una vez finalizadas.
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En su exposición de motivos, Sumar defiende el veto argumentando que las personas jurídicas tratan los inmuebles como bienes de inversión, más que como un derecho al acceso a la vivienda. Además, el texto contempla excepciones para algunas organizaciones sin ánimo de lucro, que podrán seguir adquiriendo propiedades con fines sociales. Estas entidades incluyen asociaciones, agentes económicos y sociales, entidades religiosas, ONG de cooperación al desarrollo y otras organizaciones del tercer sector, siempre que los inmuebles se destinen a usos muy específicos, como sedes sociales, atención sociosanitaria o alojamiento para colectivos vulnerables.
Finalmente, la propuesta incluye una disposición transitoria que garantiza que las restricciones no afectarán a las compras o transmisiones ya formalizadas en escritura pública ante notario antes de la entrada en vigor de la ley, aunque no se hayan inscrito en el Registro de la Propiedad.
